Durante tres días, varios equipos de trabajo de PC visitaron 50 destacamentos ubicados en comunidades urbanas y rurales de las provincias de Bonao, La Vega, San Francisco de Macorís, Santiago, Puerto Plata y el Distrito Nacional, algunos de los cuales ya fueron observados en 2013 en el marco del proyecto.
El informe revela la precariedad tecnológica de los destacamentos, especialmente en las provincias de San Francisco de Macorís y Bonao, muchas de sus unidades operan sin radio ni teléfono. Sólo el 36% de los 50 destacamentos dispone de una computadora para registrar las denuncias de los ciudadanos.
Con respecto a los medios para el patrullaje, el 27 % de los destacamentos visitados en el Gran Santo Domingo no posee los equipos motorizados, de igual manera que el 50% en San Francisco de Macorís y el 75% de las unidades visitadas en Bonao, todos sus agentes patrullan a pie.
La investigación del Observatorio Ciudadano a la Policía Nacional creado en 2013, se enmarca en el programa “Acción de la Sociedad Civil por la Seguridad y la Justicia (PASJ), ejecutado en conjunto con la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) con el financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). El Programa tiene como objetivo fortalecer la participación de la ciudadanía en el monitoreo de la política de prevención y persecución del delito en la República Dominicana, mejorando el clima de diálogo entre los actores de la seguridad ciudadana en las reformas iniciadas.
Otro de los hallazgos del estudio es la falta de acopio regular de información y soporte documental de las actuaciones que realizan los agentes policiales. Participación Ciudadana denuncia que este predominio de la oralidad y la informalidad en el día a día de los destacamentos genera gran desprotección en la ciudadanía frente al ejercicio de la autoridad y es incompatible con las garantías de un Estado de Derecho. Las imágenes presentadas evidenciaron también las lamentables condiciones de higiene y salubridad de las cárceles preventivas de los 50 destacamentos.
La ausencia de supervisión pública de los estándares de calidad de las edificaciones policiales ha generado un escenario de destacamentos “autoconstruidos” dependientes de las donaciones de empresarios y “redes de amigos” para el mantenimiento regular de sus instalaciones y equipos. La falta de espacio para los bienes incautados y el normal desempeño de las funciones policiales es otra de las graves deficiencias observadas, a las que se unen techos de zinc y madera en algunos destacamentos o la presencia común de humedades y grietas. El 40% de los destacamentos no tiene agua y solo el 32% de ellos disfruta de un servicio regular de luz las 24 horas del día.
Con respecto a las condiciones económicas, los cerca de 15,000 rasos y cabos desplegados en el territorio nacional reciben 8,000 (175 dólares) y 7,000 (153 dólares) pesos mensuales, la categoría salarial nacional más baja de la República Dominicana. Las instalaciones destinadas a las áreas de descanso del personal policial son las que muestran las mayores precariedades, ya que no reúnen las condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad. El registro fotográfico completo estará a disposición del público general en la página web de la organización.
A partir de los resultados del diagnóstico, Participación Ciudadana presenta diez recomendaciones para que los destacamentos policiales sean unidades eficaces, eficientes y democráticas en la política de seguridad ciudadana de República Dominicana.
Elaborar un plan estructural de reforma integral para unificar y estandarizar la construcción de los destacamentos.
Dignificar la profesión policial mejorando las condiciones salariales de los agentes y las áreas en las que realizan su trabajo, para que estas sean espacios de vida y descanso dignos, decentes y salubres.
Racionalizar la distribución de los recursos humanos destinados a las labores de prevención con equipos necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Fortalecer los protocolos de investigación y dirección estratégica en los destacamentos para limitar la discrecionalidad, la falta de colaboración y construir el mapa histórico delincuencial a nivel local.
Modernizar la plataforma tecnológica para que los destacamentos sean unidades coordinadas y no dejen desatendidos a los ciudadanos en situaciones de emergencia.
Institucionalizar el registro, documentación y certificación de todas las actuaciones de los agentes policiales en los destacamentos.
Acondicionar los destacamentos con mobiliario adecuado para el almacenaje de los expedientes policiales en condiciones de seguridad y confidencialidad.
Convertir los destacamentos en verdaderos centros de proximidad que presten asistencia inmediata y den testimonio público en el mismo momento en que se presenta la denuncia para evitar la revictimización del ciudadano.
Adaptar con carácter de urgencia los centros de detención preventiva para que sus condiciones sean compatibles con el trato humanitario y el respeto a los derechos humanos en un Estado Democrático.
Restringir la detención privativa de libertad a los casos excepcionales que resulten de la investigación criminal y no como actuaciones administrativas rutinarias de control del orden público. Las redadas criminalizan y estereotipan a la población de los barrios más carenciados.
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