“Resalta que entre los acusados no hay un solo danilista, todos son o de la oposición interna (leonelistas) o de la oposición electoral contaminada también de corrupción (PRM)”, dijo Isa Conde, vocero del Movimiento Caamañista.
Destacó que el caso de las plantas de Punta Catalina fuera excluido del proceso de investigación y criminalización, “porque en esa operación fraudulenta están involucrados el propio presidente Danilo Medina, Gonzalo Castillo, ministro de Obras Públicas; José Ramón Peralta, ministro administrativo de la Presidencia, y Rubén Bichara, vicepresidente de la CDEEE”, dijo el veterano dirigente de izquierda.
A juicio de Isa Conde, llama la atención que la acusación incluye a Díaz Rúa, pero no toca a Leonel Fernández “que era su tutor político y socio principal, además del principal beneficiario de las sobrevaluaciones facilitadas por los sobornos”.
“Incluye a Alfredo Pacheco y Andrés Bautista y no toca a Hipólito Mejía, que necesariamente autorizó esas operaciones. Protege a ambos expresidentes pensando en ser eventualmente reciprocado”, indicó.
Agregó que en el expediente la Procuraduría acusa a Julio César Valentín y a Tommy Galán, mientras excluye a otros tres legisladores “con igual o mayores responsabilidades en la aprobación bajo soborno de los contratos sobrevaluados de Odebrecht, por el solo hecho de pertenecer a su facción política: son los casos de Reinaldo Pared, Cristina Lizardo y Abel Martínez”.
Además, dijo, la Procuraduría deja fuera del expediente a la mitad de los identificados en una alista brasileña, que aún sin estar referida a Punta Catalina, incluye al ministro Gonzalo Castillo.
Por estas razones, Isa Conde consideró que el movimiento Marcha Verde está ante el desafío de seguir creciendo en calidad y cantidad “hasta vencer con el pueblo movilizado este régimen maniobrero, insolente y soberbio; refundando ya seguidas las instituciones a través de un proceso constituyente”.
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