Al parecer, el caso no ha salido de entre los temas de debate de la sociedad por las presiones que mantiene en movimiento Marcha Verde, a través de caminatas y otras actividades en reclamo de que el caso se lleve hasta las últimas consecuencias y los responsables vayan a la cárcel.
Cuando estalló el escándalo, la Procuraduría General de la República lució muy activa e inmediatamente inició un proceso de interrogatorios a quienes las investigaciones iniciales señalaban como los responsables de distribuir y recibir sobornos.
El último en ser interrogado sobre el caso fue el exadministrador de la CDEEE, ingeniero Radhamés Segura, quien fue citado por segunda vez, el pasado 26 de abril. También había sido interrogado a mediado de enero de este año. Desde esa fecha el tema se ha mantenido en hermetismo absoluto.
El procurador Jean Alain Rodríguez viajó a Estados Unidos el 2 de mayo para reunirse con el fiscal de esa nación, Jeff Sessions, y el entonces director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey. Se mantuvo en esa nación hasta el día 5, y al regresar al país rehusó referirse a los temas tratados.
En ese viaje estuvo acompañado de la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero Pelletier, y los procuradores adjuntos Carolina Arias y Eustaquio Gil Hilario.
Previamente el jefe del Ministerio Público había participado en Brasil en una reunión con sus homólogos de los países mencionados en los sobornos, en la que las autoridades brasileñas establecieron el 19 de mayo como fecha en la que se darían a conocer los resultados de las investigaciones y las personas involucradas en cada país.
Sin embargo, desde ya se sabe que cuando los documentos lleguen a República Dominicana no serán dados a conocer a la opinión pública sino que comenzará un proceso de validación que podría tardar varias semanas o meses.
Por el caso, al menos 30 personas, incluyendo legisladores, funcionarios y exfuncionarios han sido interrogados por la Procuraduría General de la República en relación a los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht entre 2001 y 2014 para obtener contratos con el Estado.
El 10 de enero de este año la Procuraduría realizó el primer interrogatorio sobre el caso, llamando al gerente de la constructora Marcelo Hofke, cuyo testimonio hizo que el procurador Jean Alain Rodríguez hiciera comparecer ante su despacho al empresario Ángel Rondón, sindicado por una nota de prensa de la Procuraduría como la persona que recibió los 92 millones de dólares para pagar los sobornos.
UN APUNTE;:
RD fue sede
El pasado 16 de abril un documento del Tribunal Federal Supremo de Brasil reveló que el motivo por el cual la empresa Odebrecht trasladó a República Dominicana el departamento de pagos de coimas o sobornos, fue la seguridad que le ofrecía el país para ese tipo de operaciones.
El también llamado Departamento de “Operaciones estructuradas” fue trasladado al país en el segundo semestre de 2014, y los ejecutivos Luiz Eduardo Soares y Fernando Migliaccio, establecidos en Miami, venían todas las semanas a Santo Domingo para trabajar los casos.
Las investigaciones han tocado a expresidentes del Senado y de la Cámara de Diputados durante el período en el que Odebrecht admite haber obtenido contratos mediante el pago de sobornos.
Desde principio del pasado año, el expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht, junto a cerca de 80 exejecutivos de la empresa, colaboran con la justicia brasileña, a fin de recibir penas menores
Ellos revelaron que la empresa constructora pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluyendo 92 millones en República Dominicana, para la obtención de contratos gubernamentales.
Sin embargo, el 8 de marzo del 2016, Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de prisión por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir, según el dictamen del juez brasileño Sergio Moro.
El pasado 21 de diciembre Odebrecht reveló que había firmado acuerdos para pagar multas por 2 mil 47 millones de dólares, a Estados Unidos, Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos de esa empresa en esas naciones.
Ese mismo día el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer documentos sobre presuntos sobornos de la constructora brasileña en doce países de América Latina y África.
El documento señala que Odebrecht había pagado 788 millones de dólares en sobornos en América Latina, a fin de obtener ventajas en las licitaciones de al menos 100 proyectos, incluyendo los de República Dominicana.
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