AEROPUERTO LAS AMERICAS. -Cuatro militares, incluyendo un capitán de navío (coronel) y cinco civiles, entre ellos dos pilotos colombianos, estarían directamente vinculados en el intento de sustracción de un avión el pasado 29 de noviembre del Aeropuerto Arroyo Barril, de Samaná.
Sin embargo, la comisión de altos oficiales que investigó el hecho y que encabezó el general Aracelis Castillo de la Cruz, jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), argumentó en su informe que no se trató de robo, sino un despegue ilícito, con la confabulación de los militares y tres civiles, empleados del aeródromo.
Los vinculados en el caso del avión y que están ya en poder del Ministerio Publico para conocerle medida de coerción en su contra son el capitán de navío Luis Manuel Pimentel Santos, quien fungía como jefe de seguridad del CESAC en Arroyo barril.
Los demás miembros del CESAC envueltos en el caso son el sargento Andy Lebrón Martínez, del Ejército de República Dominicana y los agentes Ángel Benavides e Wilfredo de la Rosa Turbi, quien fungía como inspector de primera categoría de la institución militar.
Los civiles que la comisión investigadora acusa de confabulación en el intento del supuesto hurto y despegue ilícito del avión Piper PA-23, matrícula no HI896, propiedad de una empresa privada son Antonio Rodríguez Vásquez, Carlos Daniel Carpio, inspector de operaciones de Aerodom y el mecánico de avión Esmeralda Calcaño.
Los pilotos colombianos que pretendían volar clandestinamente el aparato fueron identificados como Ramón Castillo Manríquez y Orlando Morales Gaitán. El primero está preso en el Palacio de Justicia de Samaná y el segundo prófugo.
En el informe del caso de la aeronave que se intentó sustraer de Arroyo Barril el jueves 29 de noviembre, se señala que los militares y empleados valiéndose de sus facilidades en el aeródromo, prepararon todo el panorama para que el aparato fuera despegado sin mayores calamidades.
Indica que los militares, procedieron a cerrar el aeródromo y a pagar las luces de la pista de aterrizaje y despegue de aeronaves, para permitir la salida del avión con los dos colombianos a bordo y que supuestamente partirían hacia Colombia.
Expresa que los militares, violando todos los procesamientos de seguridad, permitieron que los dos pilotos removieran los asientos del avión para mayor facilidad de despegue, pero que cuando levantaba vuelo, el aparato fue a parar a unos matorrales.
El avión era piloteado por Castillo Manríquez, quien se encuentra prófugo, mientras que su compañero Orlando Morales Gaitán, fue detenido por la Dirección General de Migración el sábado primero de diciembre, cuando intentó abandonar el país.
Morales Gaitán se proponía abordar el vuelo 307 de Copa Airlines con destino a Bogotá, Colombia, cuando fue detenido y entregado de inmediato al CESAC. Su compañero Ramón Castillo Manríquez, está siendo activamente buscado por los organismos de seguridad.
En tanto que los cuatro militares contra quienes el Ministerio Público solicitaría un año de prisión preventiva, están acusados de violar los artículos 46, 67, 70, 73, 74, 76, 77 y 78, entre otros, de la ley 631-16 Sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil en República Dominicana.
En las investigaciones del caso del intento de sustracción de dicho avión, además, de la comisión del CESAC que la encabezó, también participaron miembros del Ministerio Público y del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional.
