martes, 25 de septiembre de 2012

EL CARIBE EDITORIAL Privilegios irritantes

Los dominicanos hemos aceptado como normal, como cuestión de derecho, el régimen de privilegios irritantes con que son retirados los oficiales generales, coroneles y mayores de la Policía y las Fuerzas Armadas.Un régimen según el cual los generales quedan con no menos de seis a ocho hombres para su “seguridad personal”, armados hasta los dientes, y con una capacidad discrecional de acceso a facilidades de dudosa legitimidad.

 Hay que advertir que no objetamos las condiciones económicas con que se retiran, pues son derechos adquiridos como servidores públicos. Lo que no se justifica es el discutido privilegio previsto, en el caso de los policías, en el artículo 134 de la ley 96-04, que instituye un “Reconocimiento” a “los Oficiales Generales, Coroneles, Mayores en situación de retiro” para “disfrutar de los mismos reconocimientos y prerrogativas que los activos”.

 Sería interesante que se explique el alcance de ese “reconocimiento”, además de las famosas escoltas. El momento es oportuno, precisamente en medio de la austeridad que se está tratando de entronizar en la administración dominicana. No hay manera de justificar que a esos oficiales policiales se les conceda ese estatus. ¿Por qué? ¿Por los servicios a la patria?

 Un general retirado habla de que “ellos se tiraron muchos problemas… y ya retirados el Estado tiene que proporcionarles seguridad” junto a su familia. Pero una democracia no debe permitir que los oficiales “se echen tantos problemas”. No están para eso. Es para cumplir y hacer cumplir la ley.

 Todo reside en que los uniformados se han desempeñado en base a una práctica autoritaria, desde los tiempos de la tiranía trujillista. También se han acostumbrado a los favores, y cuando pasan a la vida del ciudadano común no se acostumbran ni encuentran paz espiritual, lo que probablemente no ocurre con aquellos que siempre actuaron apegados a los reglamentos y a la ley. 

 Son las cosas que deben cesar, que deben cambiar. Son irritantes. Ni siquiera un expresidente de la República tiene derecho a escoltas excesivas. A veces se convierten en un peligro para la seguridad nacional.