SANTO DOMINGO.- La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) y la Asociación de Hoteles de Santo Domingo (AHSD) declaró que con su oposición a los nuevos impuestos creados ilegalmente por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, también representa los intereses de cientos de miles de ciudadanos de la capital que a partir de hoy estarían obligados a pagar cada año por ser propietarios de una casa o un apartamento.
“La sociedad dominicana debe estar conciente de que cuando las organizaciones empresariales se oponen a la creación ilegal de impuestos por los ayuntamientos, están defendiendo el interés general, porque de cumplirse este propósito, nadie puede predecir las nuevas cargas fiscales que se crearían irregularmente en todos los municipios del país, situación en que el mayor impacto negativo sería en los presupuestos familiares”, afirman.
ASONAHORES y la AHSD explican que si estas acciones no son detenidas por el Congreso y los Tribunales, los nuevos impuestos entrarán en vigencia a partir del mes de febrero.
Sostienen que los impuestos afectarían no solo a los propietarios de viviendas, sino también a los inquilinos, ya que ese cargo se reflejaría proporcionalmente en el costo de los alquileres.
Explica que de acuerdo a las ordenanzas aprobadas el 23 de diciembre del 2010, una casa valorada por el Ayuntamiento en tres millones de pesos, que ahora está exonerada de pagar por la ley de impuesto a la propiedad tendría que pagar seis mil pesos (quinientos pesos mensuales) por el nuevo gravamen, mientras que una residencia valorada en RD$6 millones, pagaría RD$12 mil pesos mensuales (mil pesos mensuales), además del impuesto que ya debe abonar al Gobierno central.
“Es decir, que los ciudadanos capitaleños tendrán que exprimir el presupuesto familiar para cubrir las ineficiencias de una administración que en su último informe de ejecución presupuestaria correspondiente al período julio-septiembre admitió haber gastado 218 millones de pesos en nómina y solo ocho millones en obras para la ciudad, en violación del artículo 21 de la ley 176-07 que obliga a invertir solo un 25 por ciento en nómina y por lo menos un 40 por ciento en obras y gastos de capital”, apuntan. ///
