Santiago.- El procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, tras resaltar los avances que experimenta el Ministerio Público, afirmó que éstos lograron consolidarse con la reforma constitucional, que introdujo importantes cambios en el sistema de justicia dominicano.
El magistrado Jiménez Peña habló del tema al dictar la conferencia “El Ministerio Público a la luz de la nueva Constitución dominicana”, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PCMM), recinto Santiago, actividad organizada por la academia junto a la seccional del Colegio Dominicano de Periodistas.
Dijo que la reforma constitucional que se llevó a cabo el 26 de Enero de 2010 fue el escenario ideal para encauzar el proceso de definición institucional del Ministerio Público.
Explicó que en la actual Carta Magna se consagra la constitucionalización de los principios rectores del Ministerio Público que otorga legalidad, objetividad, unidad de actuación, jerarquía, indivisibilidad y responsabilidad, así como la autonomía funcional presupuestaria y administrativa de la institución.
Además, establece la Carrera del Ministerio Público que implica la permanencia de los fiscales en sus cargos, para que actúen con independencia en el cumplimiento de sus funciones, previo ser capacitados y evaluados por la Escuela Nacional del Ministerio Público, que también citó como otro de los avances importantes.
Asimismo, reveló que consagra la participación del Ministerio Público en el Consejo Nacional de la Magistratura. “Esta idea viene fortalecida toda vez que en nuestro país el Ministerio Público asume también la función de Ministerio de Justicia”, enfatizó.
El doctor Jiménez Peña manifestó que además introduce cambios importantes como, la creación de un órgano de gobierno interno denominado Consejo del Poder Judicial, donde se establece la edad de 75 años como máxima para el retiro obligatorio de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Destacó que también consagra que el 75% de los integrantes de la SCJ debe provenir de la Carrera Judicial, fortaleciendo así el sistema de la judicatura y dejando espacio para que la cuarta parte restante de miembros provenga del ejercicio liberal del derecho o del Ministerio Público.
“Otro cambio importante que tiene que ver directamente con la configuración y funcionamiento del Poder Judicial son las nuevas atribuciones que la Carta Magna le confiere al Consejo Nacional de la Magistratura, pues además de elegir a los jueces de la SCJ, en sustitución de aquellos que por razones de edad deben salir de sus funciones por efecto del retiro obligatorio, tiene que evaluar el desempeño de los restantes magistrados para determinar si permanecen o no en el alto tribunal, la creación del Tribunal Constitucional y la designación de sus jueces, así como los del Tribunal Superior Electoral”, dijo Jiménez Peña.
Sostuvo que la actual Constitución es el estatuto jurídico-político más moderno con que cuenta el país, que crea la base normativa para el desarrollo de un verdadero Estado social y democrático de derecho, luego de destacar que contó con el mayor consenso y apertura democrática que se haya conocido desde la fundación de la República.
En ese sentido informó que el Poder Ejecutivo que encabeza el presidente de la República, Leonel Fernández, formó una comisión de juristas dominicanos que a su vez contaron con el asesoramiento de constitucionalistas extranjeros para llevar a cabo la actual reforma Constitucional.
Dijo que por iniciativa del Presidente de la República esa comisión organizó un novedoso y amplio proceso de consultas populares, con gremios profesionales, sindicatos de trabajadores, asociaciones de campesinos, amas de casa, agricultores, industriales, estudiantes, entidades religiosas, ONGs, instituciones estatales, sindicatos de periodistas, etc., quienes tuvieron la oportunidad de expresarse en torno a la Constitución que aspiraban.
Otros avances en la Procuraduría
Destacó que dentro de la consolidación de la transparencia en la administración pública, en la Procuraduría General de la República se estableció la primera Oficina de Acceso a la Información Pública para poder brindar a la ciudadanía un servicio permanente y actualizado, que a través de la página web se pueden obtener datos sobre ejecución presupuestaria, nómina, desembolsos por cuentas bancarias, proyectos institucionales, relación de activos, compras, beneficiarios de programas asistenciales, declaraciones juradas, vacantes, entre otras.
“Podemos decir que dicha iniciativa ha marcado un hito en la historia de los servicios públicos de la República Dominicana. Estos importantes logros nos han colocado en el primer lugar en cuanto a índices de transparencia en la administración pública se refiere, tal como ha sido reconocido por Transparencia Internacional al otorgarnos el primer lugar, por tercera vez consecutiva, como institución más transparente del país”, puntualizó Jiménez Peña.
Se refirió además a la implementación del sistema Justicia Siglo XXI, herramienta aplicada desde finales del año 2006, en la cual se apoya el Ministerio Público para la preparación y desarrollo de las actuaciones que permitan procesar los casos penales que ingresan a las fiscalías.
A la lista de logros agregó la instalación de un Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalías, donde los casos que investiga el Ministerio Público y los que tiene en audiencias se llevan de manera digital.
Con relación a la política de género, citó la creación de la Procuraduría General Adjunta para Asuntos de la Mujer, con el objetivo de prevenir y luchar contra la violencia de género en la República Dominicana.
Entre otras de las iniciativas implementadas para enfrentar el flagelo de la violencia contra la mujer, enumeró la creación de la Oficina Nacional de Representación Legal de los Derechos de las Víctimas, así como la estructuración de un Observatorio Nacional Estadístico especializado en violencia de género, intrafamiliar y sexual, para lograr un mejor control y seguimiento de cada uno de los casos.
Dijo que con la puesta en marcha de la Carrera del Ministerio Público, se han integrado 664 fiscales, de un total de 921, correspondiente a un 72%, quienes cumplieron con todos los requisitos legales y reglamentarios vigentes.
En cuanto a las reformas al sistema penitenciario informó que 13 cárceles tradicionales se han convertido ya en centros de corrección y rehabilitación, transformado de manera radical las condiciones de vida de los reclusos, posibilitando una verdadera reinserción social.
“Podemos afirmar que en la historia de la República Dominicana nunca antes se había puesto tanto empeño en enfrentar problemas tan olvidados y a la vez importantes para la sociedad como el tema penitenciario. Nuestra meta es que más del 50% de las 37 cárceles del país operen dentro del nuevo modelo, con programas diversos para la regeneración y actividades productivas que formen al interno”, enfatizó.
