Si usted es peatón y utiliza el transporte público, seguro se ha visto en la necesidad de abordar un vehículo con alguna de estas características: fundas plásticas en lugar de cristales traseros, sin guardalodos ni “bumpers”, asientos de los que sobresalen esprines que rajan y destruyen la ropa a los usuarios y puertas amarradas con cables que ponen en peligro la seguridad de los pasajeros. Estos armazones de acero construidos a partir de remiendos, transitan por las calles y avenidas de la ciudad sin cumplir con las más mínimas condiciones para circular.
Las chatarras burlan los controles de inspección de instituciones, que como la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), están llamadas a verificar cada año que los vehículos del transporte público cumplan con los requisitos de seguridad a través de la denominada “Revista de Vehículos de Motor”.
En teoría, el impuesto que sirve para certificar que los carros y guaguas reúnen las condiciones adecuadas tanto en el motor como en la carrocería y cristales, se ha visto limitado a ser un mero gravámen que se cobra sin realizar los controles previos a los automóviles.
Aunque en varias oportunidades se ha intentado renovar la flotilla vehicular del transporte público con la adquisición de guaguas y unidades de taxi, como es el caso del Plan Renove, un proyecto del gobierno de Hipólito Mejía a través del cual se importaron 4 mil 353 unidades que significó para el Estado un gasto de US$159 millones, al día de hoy muchas se han convertido en chatarras por la falta de mantenimiento.
El plan estuvo salpicado de irregularidades en la que estuvieron implicados la mayoría de los empresarios del transporte y muchos de ellos resultaron apresados.
