Las emanaciones de crudo aumentan en diferentes puntos del país, pero la falta de capital limita la exploración
Entre los cambronales y bayahondas de Higüerito, Azua, las emanaciones de petróleo parecen heridas de la tierra. Mientras la sociedad dominicana importa cerca de 50 millones de barriles al año, el líquido fósil hierve e impregna los montes sureños con su intenso olor. El fenómeno se repite a menos de diez kilómetros de distancia, en la zona rural de Maleno, y, de manera más silente, en las aguas de la Bahía de Ocoa, en las tierras de San Juan, en Barahona, en la cuenca del Cibao y bajo las corrientes del río Sanate, en Higüey.
“En los últimos cien años aquí se han perforado más de setenta pozos exploratorios. Algunos han producido petróleo y otros han mostrado indicios de la presencia de hidrocarburos”, resalta Víctor Santos Suriel, geólogo presidente de la empresa exploradora Geo-Research.
El especialista recuerda que en abril del 2009 un barco de la Armada Española, dirigido por científicos del Ministerio de Investigación e Innovación de España, encontró emanaciones de gas natural en aguas cercanas a San Pedro de Macorís, lo que indicaba que en ese punto marítimo también podría existir una gran concentración de “oro negro”.
Ante estas y otras evidencias, surge una pregunta inevitable: ¿por qué República Dominicana no comienza la explotación de su petróleo?
Santos Suriel, el director general de Minería, Octavio López, y el diputado Pelegrín Castillo, tienen algunas respuestas. El primero dice que las más importantes zonas de manaderos están cedidas bajo concesión a las empresas locales Murfin, Maleno y Once Once, las cuales no han hecho ningún tipo de exploración importante en los últimos siete años. Con rejuegos legales, asegura, mantienen los permisos pero no hacen nuevas inversiones.
Otras áreas de “alto potencial”, como terrenos rurales de las provincias del Este, no pueden ser exploradas porque no cuentan con los estudios geológicos básicos que sirven de atractivo a las multinacionales del sector. Santos Suriel cita a las multinacionales porque el trabajo de búsqueda y explotación petrolera conlleva altos costos operativos, altos riesgos de inversión, y un largo período de estudios y espera, tres variables que el capital local difícilmente puede sostener.
El levantamiento inicial de las emanaciones del río Sanate, por ejemplo, podría tener un valor de cuatro millones de dólares, mientras que la perforación adecuada se acercaría a los US$20 millones, teniendo en cuenta que el crudo se encuentra en uno de cada once pozos perforados, y que el hallazgo no garantiza la cantidad necesaria para la explotación comercial.
Las plataformas marinas correspondientes al territorio nacional no entrarían en los planes de exploración, pues el decreto 571-09 las declara como áreas protegidas.
www.elcaribe.com.do
