Solo en dos de los 36 recintos penitenciarios del país se colocaron inhibidores de señal de aparatos
Escrito por: CARMEN MATOS (c.matos@hoy.com.do)
A pesar de que en septiembre el Presidente Leonel Fernández declaró de emergencia la compra de equipos para bloquear teléfonos celulares en las cárceles, nueve meses después la medida solo se ha implementado en dos de los 36 recintos penitenciarios existentes en el país.
La disposición, anunciada por el primer mandatario mediante decreto 564-11, se fundamentó en “razones de seguridad nacional”, debido a la proliferación de delitos cometidos por bandas que funcionaban desde las cárceles, y que empleaban teléfonos celulares.
Además del uso de inhibidores de señal, las autoridades anunciaron la “importación” de perros amaestrados para la detección de teléfonos, mediante un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos.
Sin embargo, los caninos nunca llegaron al país y solo se ha bloqueado la señal de celulares en las cárceles de La Vega y Moca, ambas administradas por la Jefatura del Ejército Nacional.
“Era un proyecto demasiado costoso”, afirmó el director general de Prisiones, Mario Acosta, quien apuntó que los equipos de bloqueo solo para la cárcel de Najayo fueron cotizados en cerca de US$2 millones.
Dijo que por eso las autoridades penitenciarias se han visto en la obligación de adoptar una “medida práctica”, que es la ejecución de requisas periódicas para la retención, análisis y destrucción de los celulares, con apoyo de los fiscales e investigadores policiales.
Nada alarmante. En ese orden, sostuvo que el que haya teléfonos celulares dentro de las cárceles “no es algo alarmante” para las autoridades, ya que aunque casi la totalidad de los 22 mil reclusos los tiene, solo unos pocos los usan para delinquir. De hecho insistió en que la proliferación de teléfonos celulares en los recintos también tiene su lado bueno, pues sirve como una especie de “tranquilizador” de los presos, permitiéndoles comunicarse con sus familiares y amigos.
La disposición, anunciada por el primer mandatario mediante decreto 564-11, se fundamentó en “razones de seguridad nacional”, debido a la proliferación de delitos cometidos por bandas que funcionaban desde las cárceles, y que empleaban teléfonos celulares.
Además del uso de inhibidores de señal, las autoridades anunciaron la “importación” de perros amaestrados para la detección de teléfonos, mediante un acuerdo con la Embajada de Estados Unidos.
Sin embargo, los caninos nunca llegaron al país y solo se ha bloqueado la señal de celulares en las cárceles de La Vega y Moca, ambas administradas por la Jefatura del Ejército Nacional.
“Era un proyecto demasiado costoso”, afirmó el director general de Prisiones, Mario Acosta, quien apuntó que los equipos de bloqueo solo para la cárcel de Najayo fueron cotizados en cerca de US$2 millones.
Dijo que por eso las autoridades penitenciarias se han visto en la obligación de adoptar una “medida práctica”, que es la ejecución de requisas periódicas para la retención, análisis y destrucción de los celulares, con apoyo de los fiscales e investigadores policiales.
Nada alarmante. En ese orden, sostuvo que el que haya teléfonos celulares dentro de las cárceles “no es algo alarmante” para las autoridades, ya que aunque casi la totalidad de los 22 mil reclusos los tiene, solo unos pocos los usan para delinquir. De hecho insistió en que la proliferación de teléfonos celulares en los recintos también tiene su lado bueno, pues sirve como una especie de “tranquilizador” de los presos, permitiéndoles comunicarse con sus familiares y amigos.
