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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Víctor Díaz Rúa, entonces Ministro de Obras Públicas, es el responsable de que el Estado Dominicano haya sido condenado al pago de una indemnización de 45 millones de dólares a la empresa CODACSA, por incumplimiento de contrato, sin que esa empresa haya cumplido sus obligaciones con el Estado.
El abogado de Codacsa, Marcos Peña, remitió a Acento.com.do una cronología de los acontecimientos que desencadenaron el laudo arbitral que finalmente condenó a la República Dominicana, y esa parece ser la única conclusión que se desprende del documento.
Luego de varios intentos por lograr acuerdos entre CODACSA y el Estado, Díaz Rúa desarrolló una guerra contra la empresa y descuidó en forma olímpica sus obligaciones, perdiendo de vista la gravedad del incumplimiento y el cuidado de las formas en este tipo de acuerdos.
Marcos Peña lo cuenta de este modo: “Una vez presentada la demanda de arbitraje, el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones inició una campaña de descalificaciones en la prensa, con todo tipo de acusaciones falsas contra Codacsa. Igualmente, promovió múltiples investigaciones públicas: Cámara de cuentas, investigación fiscal, ninguna de las cuales concluyó que Codacsa hubiera cometido fraude o ilegalidad alguna”.
El abogado de Codacsa, Marcos Peña, remitió a Acento.com.do una cronología de los acontecimientos que desencadenaron el laudo arbitral que finalmente condenó a la República Dominicana, y esa parece ser la única conclusión que se desprende del documento.
Luego de varios intentos por lograr acuerdos entre CODACSA y el Estado, Díaz Rúa desarrolló una guerra contra la empresa y descuidó en forma olímpica sus obligaciones, perdiendo de vista la gravedad del incumplimiento y el cuidado de las formas en este tipo de acuerdos.
Marcos Peña lo cuenta de este modo: “Una vez presentada la demanda de arbitraje, el Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones inició una campaña de descalificaciones en la prensa, con todo tipo de acusaciones falsas contra Codacsa. Igualmente, promovió múltiples investigaciones públicas: Cámara de cuentas, investigación fiscal, ninguna de las cuales concluyó que Codacsa hubiera cometido fraude o ilegalidad alguna”.
