Las instituciones que investigan la baja calidad del salami incurren en una falta frente a diversos acuerdos internacionales de los que el país forma parte, al negarse a citar los nombres de las marcas. Así lo aseguran varios expertos en la materia, consultados por elCaribe, al plantear que, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (DR-Cafta) obliga a República Dominicana a seguir un proceso de transparencia fitosanitaria, cuando haya un caso como el del salami, actualmente, y a realizar las notificaciones correspondientes, tomando en cuenta que esto puede constituirse en una amenaza para la salud de los consumidores dominicanos y fuera del país.
Los expertos aseguran que las autoridades del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), ni de ninguna institución con responsabilidad en el manejo del tema puede escudarse en la confidencialidad que le otorga el artículo 121, de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, para no dar los nombres de los tipos de salamis no aptos para consumo, porque en este caso “se trata de un asunto que pudiera afectar la salud de la gente”. Lo que sí dejan claro los consultados, es que cuando se trata de una empresa que está sometida por un asunto de formulación, por ejemplo, las instituciones deben mantener la confidencialidad, pero cuando se trata de una falta contra el sistema de salubridad del país, es obligatorio citar los nombres de las empresas y de los productos que no deben ser consumidos.
Los expertos aseguran que las autoridades del Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), ni de ninguna institución con responsabilidad en el manejo del tema puede escudarse en la confidencialidad que le otorga el artículo 121, de la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, para no dar los nombres de los tipos de salamis no aptos para consumo, porque en este caso “se trata de un asunto que pudiera afectar la salud de la gente”. Lo que sí dejan claro los consultados, es que cuando se trata de una empresa que está sometida por un asunto de formulación, por ejemplo, las instituciones deben mantener la confidencialidad, pero cuando se trata de una falta contra el sistema de salubridad del país, es obligatorio citar los nombres de las empresas y de los productos que no deben ser consumidos.
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