Cuando el entonces presidente Leonel Fernández ordenó al procurador general de la República Radhamés Jiménez Peña, el 19 de noviembre del 2010, prohibir el uso de celulares en las cárceles y utilizar todos los recursos tecnológicos necesarios para bloquear las señales de móviles y parábolas, se pensó que había llegado el fin de los delitos cometidos desde las celdas.
