Día a día, la vigilancia se perfecciona y se amplía gracias a la tecnología. Para el año 2017 el mercado global de cámaras de seguridad aplicadas a la vigilancia urbana se duplicará en relación con el año 2012.
Así lo aseguró la empresa global de electrónica y medios IHS (ex IMS Research), que afirmó a través de un comunicado que esperan que para dentro de cuatro años la infraestructura inalámbrica y el equipamiento de video globales sumen más de 3200 millones de dólares.
De acuerdo a varios análisis, en un futuro no muy lejano será difícil huir de los dispositivos de vigilancia. Desde el momento en que uno salga de su casa podrá ser captado por las cámaras colocadas en las calles, luego por las del metro. Más tarde será registrado por las cámaras de la empresa donde trabaje, pero también en el centro comercial; en las mezquitas, iglesias y monasterios; en los bares, en los aeropuertos y en el hall del edificio donde viva. La privacidad quedaría reservada así exclusivamente para dentro del hogar, aunque de acuerdo a algunas opiniones los aviones no tripulados podrían amenazarla también allí.
El objetivo de la instalación y desarrollo de la videovigilancia es casi exclusivamente el control y la reducción del delito por parte de la policía. Además de la delincuencia común, las manifestaciones populares que se desarrollaron durante el último tiempo -en Turquía, Brasil y Egipto, por ejemplo- y la amenaza latente del terrorismo, abonan la necesidad de sistemas de vigilancia cada vez más avanzados en los principales centros urbanos.
“Los sistemas de videovigilancia urbano deben proveer imágenes claras y utilizables para que los departamentos de policía puedan conducir investigaciones de forma efectiva cuando sea necesario”, afirmó Paul Bremner, analista de mercado para Ciudades Seguras y Servicios de Seguridad de IHS.
La vigilancia a través de video tuvo un crecimiento explosivo en China, donde siete millones de cámaras de seguridad ya controlan las calles, y se espera que haya otras 15 millones de unidades para 2014. Organizaciones de derechos humanos denuncian que el principal objetivo es el control social con fines políticos.
