SANTO DOMINGO. Gravar las compras por Internet inferiores a los 200 dólares, como han planteado grupos comerciales nacionales, dejaría a la República Dominicana sin el servicio de correo expreso previsto en el acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos y Centro América (DR-Cafta), y generaría una traba para el comercio internacional y la exportación local.
El planteamiento lo hicieron representantes de la Asociación Dominicana de Empresas Couriers (Asodec), quienes alertan además de las limitaciones logísticas y el alto costo que implicaría para la Dirección General de Aduanas (DGA) cobrar impuesto a cada paquete de manera individual.
José Burdié, presidente de Asodec; Jorge Merette, director ejecutivo; y Laura Castellanos, asesora legal, participaron como invitados de Diálogo Libre, del periódico Diario Libre, que se transmite los lunes a través por ONTV, Canal 10.
Burdié recuerda que la exención del pago de impuesto a la compra por Internet inferior a los 200 dólares, conocido como "de minimis" fue una iniciativa de Miguel Cocco cuando estuvo al frente de DGA, como una salida al costo y las dificultades que implicaba gravar los paquetes pequeños de manera individual. "Se pensó cuáles serían los ingresos que tendría Aduanas si en lugar de cobrarles un arancel a estos artículos se le cobraba una tasa fija. Porque cuando decimos, y esto es extremadamente importante, que las compras están exoneradas, todo cuanto sea menor de doscientos dólares, estamos dejando de un lado que realmente sí están pagando impuestos", consideró.
Por cada libra que pesa el artículo adquirido, el comprador debe pagar una tasa de diez centavos de dólar, monto que reporta al fisco entre cincuenta millones (RD$50,000,000) y setenta y cinco millones de pesos (RD$75,000,000) por año, según dice Burdié.
La exención a los artículos menores de 200 dólares está contenida en el decreto 402-05, que fue revisado e incorporado al acuerdo del DR-Cafta, firmado en el 2007, como mecanismo de correo expreso.
Laura Castellanos explicó que, más que beneficiar al consumidor, lo que se pretendía con el envío rápido era eliminar las trabas y el tiempo de hasta seis días que conlleva desaduanizar una mercancía, para que el comerciante pudiera hacer pedidos urgentes y recibirlos al día siguiente.
"La lógica del acuerdo no es proteger al consumidor, sino esas vías expresas que se convertirían en una traba para el comercio internacional si no siguieran siendo expresas", planteó Castellanos. Y agregó: "No es solo un tema de que vamos a agregar un arancel o un ITBIS, es un tema de que estaríamos desarmando la estructura completa del correo expreso, con la consecuente violación al DR-Cafta".
De su lado, Burdié advierte que, como en cualquier tratado comercial, si el país quiere modificar algún aspecto, deberá acudir a los mecanismos de consulta del tratado. "Lo que sí se teme en este tipo de situaciones es que los países afectados pueden entonces poner medidas contra los productos dominicanos. Estamos hablando de que toda esa compra por Internet viene de los Estados Unidos... nuestro principal socio comercial y podrían ciertos sectores económicos allá, entender que estas son trabas a sus exportaciones y pedir que les pongan trabas a las importaciones de República Dominicana para compensar".
Pagan impuesto por US$350 millones
Las empresas de couriers aportan cada año entre US$350,00 y US$360.00 millones de dólares al año por concepto de pago de impuesto por el servicio que ofrecen de correo expreso. De ese monto, alrededor de US$189.00 millones corresponden a las compras que se realizan vía Internet menores de 200 dólares, conforme expuso el presidente de Asodec, José Burdié. El restante corresponde a las comprar superiores a los 200 dólares, al arancel, el ITBIS y el selectivo al consumo.
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