La descentralización de la administración municipal en la República Dominicana, que comenzó a raíz de la división del Gran Santo Domingo, en 2002, generó muchas esperanzas en términos de mejoría de los servicios que deben recibir los ciudadanos y ciudadanas de todos los municipios, sin importar el tamaño de estas demarcaciones.
Aunque nunca se ha entregado a las alcaldías el 10 por ciento del Presupuesto Nacional, que ordena la Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio del 2007, los municipios reciben hoy una cantidad de recursos considerablemente alta en comparación con lustros atrás.
Iniciativas como el Presupuesto Participativo, entre otras, han dado buenos resultados en algunos cabildos, pero lamentablemente esa no es la norma en la mayoría.
Los escándalos corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, convenios grupales a espaldas de la ciudadanía, han venido a empañar los beneficios que debieron obtenerse de la descentralización municipal.
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha puesto al desnudo el desorden, la falta de rigor y la discrecionalidad con que se administran los recursos en muchos ayuntamientos. Lo más decepcionante es que tras conocerse estos escándalos no se produce ninguna consecuencia.
El dinero que administran los ayuntamientos es tan importante como el que reciben los ministerios y las entidades descentralizadas del Estado.
Corresponde al Ministerio Público hacer lo necesario para que se investiguen estos hechos y que la justicia decida quién o quiénes son los responsables, y qué tipo de sanción debe imponerse.
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