El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, ha propuesto la necesidad de legislar para hacer más severas las sanciones a los responsables de accidentes de tránsito, en nuestras calles y carreteras.
Esto hace muchos años que debió adoptarse en este país, donde las muertes anuales por accidentes viales alcanzan cifras espantosas, y los imprudentes campean por sus fueros al volante.
Esta reacción del alto funcionario se debe al trágico accidente que cobró al menos nueve vidas en la región Sur, cuando un desaprensivo sin el menor criterio de lo que representa conducir un vehículo pesado, embistió un microbús repleto de pasajeros.
Los reportes de ese lamentable suceso indican que el conductor viajaba a alta velocidad y consumía alcohol como si fuese agua en un día caluroso, lo que debe tipificar ese hecho como un crimen cuasi premeditado.
No es posible que hechos como ese sigan siendo vistos como accidentes frutos del azar, cuando se trata a todas luces, de tragedias buscadas a partir de la irresponsabilidad, por no decir cosas peores.
Es ahí donde deben establecerse normas jurídicas para discernir cuando un accidente es resultado de la casualidad, imprudencia de la víctima, u otros factores ajenos a la mala conducta humana.
Cuando los conductores, especialmente de vehículos pesados, sepan que el pago de un seguro no es una patente de corso para matar, entonces tendrán mucho más cuidado y respeto por los demás.
Por consiguiente, no puede haber más dilación en proceder a legislar en esa dirección, donde debe incluirse que las empresas y el Estado, tengan mayor cuidado a la hora de seleccionar a choferes para sus vehículos.
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