Cuando a los políticos criollos se les cuestiona sobre el dinero que se gasta en la política, incluyendo el subsidio estatal de miles de millones a los partidos, la respuesta es que "ese es el precio que hay que pagar por la democracia".
Si esto es así, que esté abierta la posibilidad de que cualquier interesado pueda someter a la justicia a un político que haya cometido un acto de deshonestidad, sería una contrapartida adecuada.
En todos los sistemas jurídicos y democráticos se reconoce que los hombres públicos están en una especial situación: viven bajo los focos del escrutinio público y están sujetos, más que el ciudadano común, a los cuestionamientos de la opinión pública y de los órganos de control.
¿Por qué en nuestro país se presentan más querellas de actores civiles que de los órganos de control?,
porque estos últimos no hacen su papel ante hechos bochornosos que ocurren frente a sus ojos.
Cerrar la posibilidad de la denuncia penal contra los funcionarios le puede salir muy caro al PLD.
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