Pretender eliminar el derecho del pueblo dominicano de cuestionar a los funcionarios del estado acerca de sus actuaciones frente a los manejos de la cosa pública vulnera sensiblemente la conciencia y el corazón de la nación.
La señal enviada por quienes tienen el legítimo deber de crear leyes a favor de la república, no ha caído bien en el seno de la sociedad; la cual está demandando del poder ejecutivo sea vetada por ser inconstitucional y violatoria a los derechos ciudadanos.
Pueden ustedes imaginarse a dónde iríamos a parar si no podríamos tocar ni con el pétalo de una rosa las erradas inconductas y desviaciones de funcionarios cuestionables de la administración pública?
A dónde nos llevaría eliminar el párrafo 3ro del artículo 85 del Codigo Procesal Penal?
O es que se pretende hacer un ensayo de despotismo, donde solo el gobierno puede hablar y el pueblo no?, cuidado con eso.
Sería ahondar más el estado de impunidad existente y ensanchar un clima ingobernable que en nada favorecería al país.
Esperamos del Poder Ejecutivo una respuesta de altura, consensuada e inteligente cuando le toque decidir sobre este asunto.
Pastor Antonio Regalado
