Los bienes incautados a narcotraficantes y a otros acusados de la comisión de diversos delitos se han convertido en una especie de “piñata” pública de la cual los menos beneficiados son los programas de diversas entidades para la regeneración de adictos a las drogas.
Se estima que más del 95 por ciento de esos bienes son usufructuados por políticos, policías, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y fiscales, práctica que al entender de expertos, refleja que la lucha contra ese mal no es más que un gran negocio para propiciar la corrupción a gran escala.
Oficialmente, la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados confirmó que más del 95 por ciento de dichos bienes no llega a esa institución.
Visto a simple vista, la incautación de bienes no es más que un gran negocio legalizado al amparo de la ley 72-02, la cual establece, entre otras ordenanzas, que: “los bienes incautados en ocasión de una investigación relativa a los delitos previstos y sancionados en las Leyes 50-88, Sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana y la 72-02, de fecha 7 de junio del 2002, Contra el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, podrán ser utilizados en el combate y prevención de los mismos.”
Esta legislación se ha convertido en pretexto único legal para que policías, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, fiscales y políticos utilicen de forma desmedida los bienes incautados, incluso de personas que en algunos casos resultan inocentes de los hechos que les imputan.
Casi a diario, los abogados se quejan en los tribunales de que los bienes de sus clientes son utilizados hasta para montar en lujosos vehículos y mudar en mansiones a queridas de políticos, oficiales policiales y de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Todo esto ocurre a pesar de la existencia de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados, creada mediante la ley 72-02.
Conforme a dicha legislación, dichos bienes deberían ser administrados por esa oficina hasta tanto intervenga una sentencia definitiva.
