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El juez presidente del Juzgado de la Instrucción de Higüey declaró la extinción de la acción penal en favor de cinco ciudadanos implicados en una supuesta red de lavado de activos.El magistrado Yohan Carlos Morales emitió la sentencia en favor de Manuel Merilio Quezada Gómez, Peggy Josefina Quiñones Irizarry, Joaquín Eugenio Contreras Hixon, María Teresa Calle Rueda y Sonia Mercado, a quienes se les vincula con el español Ricardo Díez Conde y/o Rubén Ramos Ortega, quien alegadamente se declaró culpable de tráfico de drogas.
Con la extinción de la acción se deberán devolver todos los bienes ocupados por sumas millonarias.
Datos publicados en medios de circulación nacional indican que en 2009, el español había lavado unos mil 700 millones a través de proyectos turísticos.
Algunos de los inmuebles ubicados en Bávaro y que le fueron ocupados, en ese momento, a Conde y sus relacionados son: el proyecto Mar Azul (consta de 66 apartamentos muchos de los cuales fueron comprados de buena fe), la Plaza Coral Park, Villas Mar Azul, Apartamentos Las Dunas, una villa frente al mar en Punta Cana, una aeronave marca CEESNA modelo 402B.
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