Santo Domingo, DN. La Cámara de Diputados convirtió en ley, el proyecto sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que establece pena de cuatro a diez años de prisión para aquellos funcionarios públicos que resulten responsables de enriquecimiento ilícito.
La ley establece que el funcionario deberá incluir el patrimonio de su esposa en su declaración jurada, y penalizará a los funcionarios que hayan falseados datos en su declaración juradas, con prisión de uno a dos años y multas de 20 a 40 salarios mínimos del Gobierno Central.
