El abogado de los cinco venezolanos que fueron atrapados infraganti delito con 359 kilos de cocaína en el aeropuerto internacional de La Romana, y que, horas más tarde fueron beneficiados con una sentencia de libertad "Pura y simple" por una jueza interina de la Oficina de Atención Permanente de esa provincia, defendió la integridad de la magistrada Aristida Mercedes y dijo que su decisión se basó en las violaciones de derechos procesales cometidas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD)."Todo agente objeto de una persecusión tiene garantías de derecho que la establece la Constitución de la República y mire, a esa magistrada yo nunca la había visto en mi vida ni creo que los imputados la conozcan, no tengo nexos con ella, esa señora dio una decisión de valor", aclaró.
Los imputados son los venezolanos Carlos Justiniano, de 55 años; Jorge Henríquez, de 44; Gregory Frías, de 23; Gerardo Díaz, de 38, y Jean Carlos Díaz, de 35 años y según manifestó el abogado Valentín Medrano en el programa radial "El Gobierno de la Mañana" de esta Z101, la DNCD hizo las cosas mal y como consencuencia la jueza solo aplicó lo que establece la Ley.
"Entre las violaciones de derecho procesal y de carácter de índole constitucional está el hecho de que para interdictar una nave se necesita una orden judicial previa, en todo caso la interdicción se hizo y es entonces cuando la solicitan al Ministerio Público y se supone que quien dirige las investigaciones en este país es el Ministerio Público, pero luego se dan cuenta que han hecho las cosas mal", manifestó.
Dijo, además, que la orden judicial se pidió por teléfono y que no fue presentada en el plenario.
"En ese lugar cerrado (la Oficina judicial de atención permanente) es prohibido sacar a la luz pública el proceso judicial, pero en este país una parte minúscula de la sociedad no cumple la Ley, pero lo peor es que no hay consecuencias", dijo.
Explicó que en el mundo jurídico la actividad procesal defectuosa tiene como consecuencia la anulabilidad del proceso y de todas sus consecuencias.
"La magistrada dio una decisión de valor haciendo lo que la ley ordena, lo que pasa es que muchos jueces no lo hacen por miedo a la opinión pública", señaló.
