SANTO DOMINGO. El Tercer Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo dispuso ayer libertad mediante garantías económicas de 300 mil y 600 mil pesos, a través de una aseguradora, a los siete militares acusados de ingresar al país unas 220 armas de fuego de manera ilícita mientras pertenecían a la Dirección de Material Bélico del Ministerio de Defensa.
Los siete fueron enviados a prisión por un año, en febrero pasado, como medidas de coerción, por el Tribunal de Atención Permanente.
El Ministerio Público los acusa de comprar el armamento en Estados Unidos para luego venderlo en República Dominicana a través de la citada armería.
“Desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego, especialmente de marcas costosas, como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de trescientos mil pesos, a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante decreto número 309-06”, dice el Ministerio Público.
