Luis Estrella afirmó que el tribunal que funciona en el edificio que aloja la Autoridad Metropolitana de Trasporte (Amet) parece un mercado.
“Aquí la multa se aplican de manera administrativa cuando todo el mundo sabe que debe ser el resultado de una decisión de un tribunal, e inclusive el mismo director de Amet denunció en una ocasión que a cada soldado le ponían una cuota, el nombre de la persona era sacada del padrón de la Junta y por eso habían ciudadanos que aparecían multados sin ser notificado de la infracción”, explicó el funcionario.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema, canal 11, aclaró que en el sistema de Tránsito Terrestre sí aparece registrado cuando un ciudadano es objeto de una multa, pero por eso a nadie se le puede negar la renovación de la licencia porque la ley no lo establece, y más aún cuando esa sanción no proviene de un tribunal competente.
“Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que solamente cuando hay una sentencia de un tribunal competente se le puede negar un papel de buena conducta a un ciudadano, porque además esas multas son administrativas y no producto de una autoridad judicial con competencia para ello”, preciso Luis Estrella.
Sostuvo que si por una de esas multas a un ciudadano se le niega la renovación de su licencia, entonces de la Dirección General de Tránsito Terrestre estaría incurriendo en desacato de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Dijo que además de la ley que se conoce en el Congreso Nacional, en el país se debe crear el Ministerio de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, para albergar a todas las instituciones que interactúan en el sector y que se encuentran dispersas, muchas veces haciendo funciones comunes o que son competencias de otras instancias.
“Y todas esas instituciones que tienen que ver con tránsito y transporte convertirlas en direcciones generales apéndices a ese ministerio, y eso nos evitaría esa burocracia, porque en definitivas la ley vigente establece que todo lo que tenga que ver con tránsito y transporte tiene que ser manejado por la Dirección General de Tránsito Terrestre”, acotó.
Criticó el desmantelamiento de que ha sido objeto la institución que dirige, y todo ello se ha hecho en violación a la ley 241, la cual establece que Tránsito Terrestre es la institución responsable de todo lo que tiene que ver con tránsito y transporte en la República Dominicana.
Luis Terrero dijo, además, que de más de un millón 600 mil motociclistas que circulan en el país, apenas 50 mil de ellos cuentan con la licencia de conducir.
Terrero dijo también que en la República Dominicana hay más de 50 mil vehículos chatarras, la mayoría de los cuales se encuentran operando en el trasporte de pasajeros en el Gran Santo Domingo, situación que además de la contaminación ambiental que genera, contribuye al taponamiento vehicular que se registra en esta demarcación.
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