Los más críticos con esta medida, considerada como un ataque hacia los musulmanes tanto dentro como fuera del país, alegan que supone un ataque a la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, donde se protege la libertad religiosa.
Es el caso del alegato que defienden los estados de Washington y Minesota, gobernados por demócratas, quienes interpusieron una demanda contra el veto de Trump por inconstitucionalidad, y que finalmente fue bloqueado de manera temporal este viernes por el juez federal James Robart, mientras toma una decisión al respecto.
Como explica a Efe Lana Ulrich, consejera legal del Centro Nacional de la Constitución de EE.UU., textualmente hablando la orden no contiene un lenguaje específico contra los musulmanes, como también ha defendido la Casa Blanca, pero su contenido esconde otros dobles raseros.
La orden no excluye a los musulmanes por su religión, sino que se dirige a todos los ciudadanos de esos siete países que mayoritariamente practican el Islam -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen-, pero que también tienen minorías no musulmanas.
Pero la orden también indica que una vez que se reanude el programa de refugiados, “el Secretario de Estado, en consulta con el Secretario de Seguridad Nacional”, hará las modificaciones pertinentes permitidas por ley “para dar prioridad a las reclamaciones de refugiados hechas por individuos por persecución religiosa”.
Y añade: “siempre que la religión del individuo sea una religión minoritaria en el país de nacionalidad del individuo”; es decir, las minorías cristianas.
“Dado que los siete países son de mayoría musulmana, bajo esta disposición, parece que los cristianos tendrán prioridad”, alerta Ulrich, y ahí sí puede haber conflictos constitucionales.
La reacción de Trump al bloqueo ordenado por Robart fue casi inmediata, tachándola de ridícula, lo que anticipa una dura pelea en las cortes que podría incluso llegar al Tribunal Supremo.
En los alegatos sobre la constitucionalidad del veto, añade Ulrich, este podría encontrar otro escollo en la Quinta enmienda, ya que es la encargada de garantizar “igual protección” a los ciudadanos, aludiendo a que la base de la orden discrimina “de manera inadmisible” sobre el origen nacional.
Asimismo, según explica a Efe una experta constitucionalista de la Universidad de Georgetown, Yvonne Tew, “las declaraciones del presidente Trumpdurante la campaña presidencial” podrían utilizarse en su contra para sostener el argumento discriminatorio.
“El llamado a ‘un bloqueo total de los musulmanes que ingresan a Estados Unidos’ y la implementación de un registro musulmán, podrían ser usados como evidencia para plantear preguntas sobre la intención de la política de inmigración dirigida a los siete países de mayoría musulmana”, detalla Tew.
Además de los estados de Washington y Minesota, grupos como el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses (CAIR, en inglés) ya han presentado demandas para desafiar la orden, diciendo que viola la Primera Enmienda.
La denuncia de CAIR cita el trato de favor declarado en la orden hacia los refugiados que pertenecen a minorías religiosas en esas naciones, creando así una discriminación “contra el Islam como religión”, dice la demanda.
Como explica el Director Legal de Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), David Cole, “una de las preguntas críticas con respecto a la validez de la acción ejecutiva” es “su intención y efecto”.
Si se pretende desfavorecer a una religión en particular, viola el principio de neutralidad por origen, “incluso si en algunos países significa privilegiar a los cristianos y en otros países a los musulmanes”.
Los expertos en la Constitución están desbordados en estas fechas, tratando de desentrañar las posibles violaciones de la Carta Magna estadounidense por parte del nuevo Gobierno de Trump.
Y es que además del polémico veto, otras de sus medidas también pueden desembocar en conflictos constitucionales, como la orden por la que instó a las agencias federales a retirar los fondos a aquellas ciudades que opten por no perseguir a los inmigrantes indocumentados, conocidas como “ciudades santuario”.
“Hay problemas con el federalismo en una orden para recortar fondos a las ciudades santuario. En casos anteriores, donde los tribunales han examinado los recortes que el Congreso amenazaba con hacer, la cuestión era si el gasto (o las condiciones que se le asignaban) cumplían ciertas restricciones”, explicó Ulrich.
“De lo contrario, existía la amenaza de que fueran ‘inconstitucionalmente coercitivos’ y violasen los principios del federalismo”, agregó.
Con un Legislativo completamente republicano, las radicales medidas del magnate inmobiliario y su particular forma de Gobierno están poniendo a prueba la división de poderes del país, cuya fortaleza, según apuntan las expertas, se demostrará en los próximos meses, especialmente tras la decisión de Robart.
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