El responsable de esta asociación, que reúne a más de 14,000 abogados de inmigración, señaló que la Casa Blanca se tendrá que conformar con esa cifra en este año fiscal, que acaba el próximo 30 de septiembre, por las limitaciones que tiene el actual sistema.
“A menos que el Congreso proporcione dinero adicional, en la práctica las autoridades realizarán de 450 a 500,000 expulsiones por año, es todo lo que el sistema puede manejar”, dice Stock.
Desde la campaña electoral, el presidente prometió mano dura contra los indocumentados y amenazó con miles de deportaciones. Pocos días después de ganar las elecciones en noviembre pasado, dijo que expulsaría del país, cuanto antes, de dos a tres millones de inmigrantes que supuestamente tienen antecedentes criminales.
Aunque se quede en medio millón este año, también superaría los números de su predecesor, Barack Obama, al que tildaron de “deportador en jefe” por repatriar a cerca de 3,1 millones de personas en sus ocho años de mandato, para una media de 385,000 deportaciones anuales.
La tarea para las autoridades de expulsar a medio millón de inmigrantes no es nada fácil, adelanta Stock sobre una cifra que incluye las expulsiones de inmigrantes que ya radican en el país y de los intentan llegar a territorio estadounidense, que ascendería a 300,000 extranjeros.
Para cumplir su promesa, el experto dice que espera que esta administración implemente estrategias que fueron utilizadas en la era del expresidente George W. Bush (2001-2009).
Stock espera que algunas de las tácticas utilizadas en ese momento, como las redadas a gran escala en los lugares de trabajo, mayor castigo a los inmigrantes que trabajan con documentos falsos y obstaculizar las audiencias de los indocumentados frente a un juez, sean usadas por este gobierno.
“Esta administración parece centrarse mucho más en hacer hincapié en reducir el número de inmigrantes indocumentados, ya sea deportándolos o creando un clima de temor”, para que opten por una salida voluntaria del país, advierte Stock.
Un ejemplo de ello pueden ser los operativos que llevaron a la detención de cerca de 680 personas en febrero pasado o la deportación de personas sin antecedentes criminales como la mexicana Guadalupe García, cuyo delito fue trabajar con un número de la Seguridad Social de otra persona, lo que ha creado un gran temor entre la comunidad indocumentada.
Si bien el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), y su actual secretario, John Kelly, trabajan para cumplir las promesas de Trump, el presidente de AILA estima que el sistema no está preparado para una ola masiva de arrestos y deportaciones.
Aunque hay “capacidad adicional” para procesar arrestos a indocumentados que ya viven en el país, ésta no es “infinita”, asegura.
En su opinión, un número significativo de detenciones adicionales requeriría nuevos fondos que el Congreso debe aprobar, especialmente para aumentar la capacidad de albergar a los inmigrantes arrestados mientras avanza el proceso de expulsión.
Además de la falta de recursos para aumentar las operaciones, la actual administración tendrá que lidiar con problemas administrativos y burocráticos que enfrenta el sistema, que tiene un retraso de más de 540,000 casos pendientes en las cortes de inmigración, una cifra récord en la historia del país.
La Casa Blanca también tendrá que conseguir los fondos para construir el muro fronterizo con México y la expansión de las agencias de control de inmigración, que ya son un 24 % más grandes que todas las demás autoridades de aplicación de la ley combinadas.
Recuerda Stock que la cifra de 15,000 nuevos oficiales de ICE y de la Patrulla Fronteriza que Trump quiere contratar para ir tras los indocumentados es superior a toda la nómina de agentes especiales del Buró Federal de Investigaciones (FBI).
A los actuales contratiempos que enfrenta la administración, la idea de implementar ideas como la de separar a las madres indocumentadas de sus hijos, traería, considera el abogado, un aumento en las labores de los funcionarios de Inmigración, que difícilmente cumplirían su objetivo.
“La propuesta es aún más inhumana que poner a los niños en la cárcel, pero tampoco es probable que disuada a las mujeres de intentar ingresar a Estados Unidos”, augura.
Uno de los mayores temores de los abogados de AILA es que mientras Trump se enfoca en imponer un nuevo récord en las deportaciones y en las restricciones migratorias, los extranjeros que quieren visitar, estudiar o hacer negocios en el país se reducirá drásticamente, lo que dañará a la economía nacional.
“Ya estamos viendo conferencias académicas programadas en otros países y la inscripción de futuros estudiantes extranjeros disminuirá porque se percibe que Estados Unidos ya no dan la bienvenida a los inmigrantes”, apunta.
@eldiariony
