"Aun mientras seguimos analizando el Plan Fiscal (recientemente presentado por el Ejecutivo de la isla), queremos traer a la atención inmediata nuestra preocupación en relación a la presente situación de liquidez", reza la carta firmada por el presidente de la Junta, José Carrión, dirigida a Rosselló.
En la misma se detalla que si no se toman acciones contundentes de emergencia el Gobierno, "en cuestión de meses, no podrá pagar por servicios esenciales, incluyendo pensiones, educación, salud y seguridad pública. Esto requiere nuestra atención conjunta e inmediata".
La Junta de Supervisión señaló que aún asumiendo que no se pague la deuda y la rápida implantación de las medidas presupuestarias y de manejo de efectivo contenidas en el recientemente presentado Plan Fiscal del Gobierno, la junta entiende que hace falta hacer más y recomendó varias medidas.
Entre ellas destaca la implantación de un programa de recorte parcial de jornada para lograr ahorros de 35 a 40 millones de dólares mensuales, mediante el equivalente a 4 días al mes para la mayoría de los empleados de la Rama Ejecutiva y 2 días al mes para maestros y personal de primera línea en instituciones que operan 24 horas al día.
Personal de primera línea en funciones de seguridad pública deberán estar exentos de este programa de recorte parcial de jornada, advierte.
A su vez, recomienda reducciones comparables a estos ahorros por reducción parcial de jornada de la rama ejecutiva para otras entidades a través de todo el gobierno, incluyendo las corporaciones e instrumentalidades públicas y las ramas Legislativa y Judicial.
También cree necesario bajar en gastos por contratos de servicios profesionales de hasta 50 por ciento y reducciones significativas en todos los gastos por contrataciones gubernamentales, así como en costos de cuidado de salud, mediante la negociación del costo de medicamentos y reducciones de los pagos a planes de salud y proveedores.
Por último, la Junta de Supervisión recomendó que a fin de atender la crisis de efectivo, el gobernador debería instruir a la Autoridad de Agencia Fiscal y Asesoría Financiera ("AAFAF") a ejercer inmediatamente el control de todas las cuentas, ingresos y gastos del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades a fin de implantar un nuevo plan de liquidez.
