En el documento, los magistrados exponen que “con la conformación actual del Consejo Nacional de la Magistratura y la persona del magistrado Frank Soto fungiendo como secretario de ese órgano, el 75% de los miembros de la carrera judicial no cuentan con una representación, lo que a todas luces constituye un contra sentido en razón de que la propia Constitución establece que las tres cuartas partes de los jueces de la Suprema Corte de Justicia deben provenir de carrera judicial y, sin embargo, en este momento la composición del Consejo Nacional de la magistratura no incluye a un juez de carrera”.
Julio César Canó Alfau, presidente de la Corte, e Ysis Muñiz Almonte, jueza de la Segunda Sala Penal, explicaron en la carta dirigida a Mariano Germán Mejía y demás jueces del organismo, que tanto el presidente de la Suprema como el magistrado Soto Sánchez provienen del sector externo, lo que ha dejado a los de carrera sin representación dentro de dicho Consejo.
Señalan que el procedimiento para revocar la designación del juez de la Segunda Sala Penal es sencillo, “pues solo bastaría con la voluntad de honorables jueces de la Suprema Corte de Justicia, quienes por disposición de la Constitución y la ley son llamados a elegir de entre sus pares al magistrado que integrará el Consejo”.
“No podemos permanecer de espaldas a los eventos que se suceden en la sociedad dominicana, donde existe un reclamo unánime hacia la necesidad de una justicia independiente con autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, tal como lo proclama la Constitución”.
