Este lunes el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, apeló la prisión preventiva dictada en su contra por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht aseguró haber pagado en el país entre 2001 y 2014.
Se recuerda que el viernes de la semana pasado, el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, sometió un recurso de apelación a través de sus abogados, solicitando que se declare la nulidad de la resolución y se ordene su inmediata puesta en libertad.
Montás y Bautista guardan seis meses de prisión por este caso en la cárcel de Najayo, donde también se encuentran otros políticos y empresarios.
Los demás imputados por el caso de los sobornos de Odebrecht tienen hasta el jueves 29 para presentar recursos de apelación.
Faltan por apelar la coerción el exdiputado perremeista Ruddy González; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pittaluga; César Sánchez, exadministrador de la CDEE; Máximo D´Oleo Ramírez, exdirector de la Empresa de Generación Hidroeléctrica (EGEHID), y el empresario Ángel Rondón, supuesta cabeza en el país del entramado de sobornos pagados por el consorcio brasileño.
El abogado del exsenador y presidente del PRM, Carlos Salcedo, depositó ante la secretaría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) el recurso de apelación con el que buscan revocar la decisión adoptada el pasado 7 de junio por el juez de ese órgano Ortega Polanco.
En declaraciones a la prensa, Salcedo dijo que el propio juez reconoció que Bautista “tiene residencia, tiene arraigo en el país y que no se sustrajo en ningún momento del proceso” e, incluso, que se presentó “voluntariamente” el 23 de enero pasado para ser interrogado por la Procuraduría en el marco de esta investigación.
Entre los implicados por el caso Odebrecht, que ha golpeado a los dos principales partidos políticos locales, hay dos senadores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y un diputado del PRM, que tienen inmunidad parlamentaria, por lo que se le impuso una fianza de RD$5.0 millones como garantía económica e impedimento de salida.
Mientras que guardan arresto domiciliario el exvicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Radhamés Segura, y el exdirector del INAPA Roberto Rodríguez.
El juez de la instrucción además otorgó un plazo de ocho meses al Ministerio Público para concluir su proceso preparatorio, tal y como señala el artículo 370 del CPP.
La constructora brasileña aseguró haber pagado 92 millones de dólares en concepto de sobornos en el país entre 2001 y 2014 para lograr contratos de obras públicas.
