PIDELO Y LO TENDRAS

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jueves, 20 de julio de 2017

En RD se impone una condena de 30 años cada tres días


En lo que va de año, los diversos tribunales del país han impuesto al menos 71 condenas de 30 años a personas que han sido procesadas principalmente por el delito de homicidio agravado, lo que representa una pena máxima cada tres días.

La más reciente de ellas fue la que ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional al empresario del transporte Blas Peralta, quien fue hallado culpable del delito de asesinato en contra del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet. Junto a Peralta fueron condenadas tres personas más, que figuraban como coimputados, pero con menor pena. 


Previamente, según datos de la Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP), se habían dictado en el país, del 1° de enero hasta el 10 de julio, 70 condenas a 30 años, siendo el Distrito Nacional la zona con mayor número de casos para un total de 17, seguido por Santo Domingo con siete, La Romana y San Cristóbal con seis casos cada uno y Santiago con cinco. 

Además, se produjeron cuatro sentencias de 30 años en Baní y Montecristi, tres en Mao, San Pedro de Macorís, La Vega, San Juan de la Maguana y Puerto Plata, dos condenas de pena máxima en Villa Altagracia y una en El Seibo, Hato Mayor, Azua, Dajabón y Barahona. 

Para la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, estas cifras representan un logro si se toma en cuenta que en los casos con condenas de 30 años se han impuesto sanciones ejemplares a quienes realmente las ameritan. 

“No es que en el Distrito Nacional se han logrado condenas a 30 años de personas que merecían 20, sino que se han otorgado penas de acuerdo a la gravedad del caso; por lo que pienso que en la medida en que la ciudadanía puede observar en el sistema de justicia que el que comete un delito grave recibe la sanción que la norma establece, eso sin duda contribuye a tener una sociedad mucho más segura.

Buenos expedientes 

Explicó que gracias al Ministerio Público, la Policía Nacional y la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim), se han logrado instrumentar procesos de delitos graves en el Distrito Nacional, obteniendo como resultado 17 condenas a 30 años, que es la pena mayor que establece el Código Penal. 

Indicó que también en el Distrito Nacional se registró la única condena a 35 años que se ha producido en el país en el caso del “terrorista del Metro”. Se trata de Frank Kelin Holguín Medina, el joven que lanzó un objeto incendiario en uno de los vagones del Metro, el pasado 27 de octubre de 2014 y que fue condenado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el 31 de marzo del año 2016.

“Siempre nosotros prestamos mucha atención a los procesos que están bajo nuestra responsabilidad, más aún cuando son delitos graves, que merecen la pena mayor; a los fines de que los infractores reciban la sanción que establece la norma y en ese sentido lo hemos estado logrando. Siempre es posible mejorar, estamos conscientes y por eso vivimos innovando de manera constante”, destacó. 

La Fiscal del DN resaltó que en su despacho existen unas carpetas de casos críticos, que son aquellos que llevan sanciones de 30 años o más, a los cuales se les da un seguimiento especial y hemos percibido que esa política nuestra ha sido eficiente, porque se han logrado sanciones ejemplares en esos casos. 

No obstante, la directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Laura Hernández, considera que más que un logro, las condenas a 30 años, en algunos casos, lo que significan es que el Estado no ha cumplido con su rol de protección efectiva de los derechos de las personas, o el ciudadano que ha sido procesado por un delito que amerita una pena de esta naturaleza no ha correspondido a lo que la sociedad le ha proporcionado a través de las instituciones del Estado. 

“Tal vez el mensaje que se le quiere mandar a la ciudadanía, con la imposición de una pena alta como prevención general, no ha surtido el efecto deseado porque por más condenas de 30 años que impongan los tribunales dominicanos cada día, siguen ocurriendo hechos de esta naturaleza”, expresó. 

Aclaró que se ha entendido que las penas son un importante mecanismo de control social que intenta proteger la pacífica convivencia de los ciudadanos y que se legitima en su necesidad, razón por la cual cuando el Estado impone una pena de esta naturaleza, lo que quiere a través de la justicia es dirigir un mensaje, que sirva como coacción psicológica con la que se amenaza a la sociedad y con ella a los potenciales delincuentes para que se abstengan de delinquir. 

“En el caso de la persona sancionada por la comisión del delito, lo que se quiere es que esta no vuelva a cometer otros actos reñidos con la ley y se considera que apartándola de la sociedad, todo ese tiempo, podrá reflexionar, arrepentirse del hecho cometido y cuando cumpla su pena pueda reinsertarse a la sociedad con una conducta diferente”, afirmó.

Cuestionó el hecho de que aunque en el país existe el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, en el cual existe mayor probabilidad de que el condenado pueda ser reinsertado a la sociedad, una vez cumplida su sanción; este modelo sólo abarca aproximadamente un 30 % de la población penitenciaria nacional y por tanto, es en el modelo tradicional donde se encuentran recluidos la mayor cantidad de privados de libertad, lo que hace muy difícil su reinserción después del cumplimiento de una pena tan larga.

Casos para una prisión de 30 años 

El Código Penal dominicano establece penas de 30 años de reclusión en casos de homicidio agravado (asesinato, parricidio, infanticidio, envenenamiento), atentados contra el presidente de la República y la trama para cometerlo, tortura con agravantes, homicidio acompañado de otro crimen,  secuestro e incendio. La Ley No. 267-08 sobre Terrorismo contiene penas de 30 a 40 años, para aquellas personas que cometan las conductas que tipifican los actos de terrorismo y otros actos vinculados a los mismos; por igual, la categoría de patrocinador en la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en aquellos casos en que se cometa un homicidio utilizando un arma de fuego ilegal, entre otros. En el sistema penal dominicano además de las penas de 30 años, hay una serie de penas que van desde leves a muy graves, podemos citar las contravenciones, las penas correccionales y las criminales, que van desde una simple multa hasta 20 años de reclusión.  No obstante, en el Código Procesal Penal hay una serie de alternativas que permiten acuerdos entre las partes en un proceso, los cuales (víctima e imputado) pueden acordar resarcimiento económico y otras medidas, para que el proceso no tenga que llegar a las últimas consecuencias.

Siempre prestamos mucha atención a los procesos, más aún cuando son delitos graves”
Yeni Berenice Reynoso
Fiscal del Distrito Nacional

Al imponer una pena de esta naturaleza, lo que el Estado quiere, a través de la justicia, es dirigir un mensaje”
Laura Hernández Román 
Directora de la Defensa Pública

@ELCARIBE