El estudio, dado a conocer en Bogotá por el gobierno colombiano y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), evidenció que la siembra de la hoja de coca pasó de 96,000 hectáreas en el 2015 a 146,000 hectáreas en el 2016, es decir hubo un incremento de 50,000 hectáreas en 12 meses.
Cuatro años antes esta cifra había llegado a su nivel más bajo de la última década, con 47,790 hectáreas. Sin embargo, desde el 2013 los cultivos ilícitos han venido aumentando en Colombia. Nariño, Putumayo y Norte de Santander siguen siendo los departamentos más afectados por la siembra, en donde se concentra el 63 por ciento de toda la coca del país.
El informe indicó que este incremento de los cultivos se debe “a una reactivación de la actividad en zonas donde se había logrado algún nivel de control, no solo como efecto de las acciones de aspersión y erradicación, sino como efecto de acciones de desarrollo y seguridad en territorios previamente afectados”.
El panorama resulta aún peor para la producción de cocaína, la cual alcanzó la cifra más alta en la historia del país: 866 toneladas métricas, lo que representa 220 toneladas más que en el 2015. En el 2013 la producción de droga se había ubicado en su punto más bajo, con 290 toneladas.
Un informe de Estados Unidos ya había alertado sobre esta situación en marzo pasado y había revelado que la siembra de los cultivos había aumentado a 188,000 hectáreas –cifra mayor que la revelada en el Simci–, mientras que la producción subía a 700 toneladas.
Ambas cifras no solo llaman la atención por su incremento, sino por la coyuntura en la que se registraron: en pleno proceso de paz con las FARC y luego de décadas en las que Colombia y Estados Unidos llevan luchando contra las drogas y destinando millonarios recursos para eliminarlas.
La meta del gobierno colombiano es erradicar un total de 100,000 hectáreas al año: 50,000 hectáreas forzosamente a través de la Fuerza Pública y otras 50,000 más con los programas voluntarios de sustitución. Los números preocupan tanto que el propio ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, planteó a principios de esta semana la posibilidad de renunciar a su cargo si no se cumplen estos objetivos.
Política antidrogas, ¿éxito o fracaso?
Varias son las razones que estarían jalonando este fenómeno y que responden más a factores externos de la dinámica del mercado de los narcóticos que a la misma política antidrogas, como el consumo de cocaína en el mundo y los precios del oro y del dólar, explicó Julián Wilches, exdirector de política de drogas del Ministerio de Justicia de Colombia.
Por su parte, Juan Carlos Garzón, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz (Ideapaz), aseguró que un punto clave tiene que ver con las expectativas que generaron en los cultivadores los programas de sustitución de cultivos que se establecieron en los Acuerdos de Paz con las FARC y en los que se fijó que cada familia que se acogiera voluntariamente recibiera, en un plan de dos años, un total de 36 millones de pesos (cerca de $12,000).
“En muchos territorios cocaleros las FARC les decían a las comunidades que sembraran para que se pudieran acoger a estos programas y recibir los subsidios”, aseguró Garzón.
Aunque para muchos una de las razones principales del aumento en la siembra y producción de la coca tiene que ver con que, desde el 2015, Colombia dejó de erradicar los cultivos con aspersión aérea de glifosato, luego de un fallo de la Corte Constitucional que acogió una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, hay quienes desestiman este argumento. La aspersión aérea con glifosato fue la estrategia principal en la lucha contra el narcotráfico en el país en las últimas tres décadas.
Para Garzón, el aumento de los cultivos se dio antes de la suspensión de la aspersión aérea del pesticida. “Acá el tema de fondo es que el supuesto éxito en las políticas para frenar los cultivos y la producción no ha sido sostenible. De seguir sin programas de verdadera transformación de los territorios cocaleros vamos a tener esta discusión cada 8 o 10 años, porque es un fenómeno cíclico”, aseguró el politólogo.
En esto coincidió Wilches, quien recordó que en el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe los cultivos tuvieron un pico máximo en el 2007, cuando se registraron 98,899 hectáreas, y a partir de ahí comenzaron a bajar hasta llegar a 49,000 en su punto más bajo, en el 2012.
El también investigador asociado de Ideapaz coincidió en que los niveles de desarrollo en las zonas cocaleras se mantienen iguales y la situación es la misma desde hace 20 años.
“Cuando murió Pablo Escobar había menos de 50,000 hectáreas de coca. Eso quiere decir que no necesitamos grandes cantidades de cultivos de la mata para que haya narcotráfico. Acá la pregunta de fondo es ¿llegó la hora de replantear la política antidrogas y de tomar decisiones diferentes?”, concluyó.
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