Los acuerdos establecen que organizaciones sin fines de lucro, gobiernos municipales y universidades puedan rentar las instalaciones de las escuelas que quedaron sin uso. Pagarán un dólar al mes como renta.
Algunas de las edificaciones serán rentadas por organizaciones que atienden a personas con autismo o a víctimas de violencia intrafamiliar.
Cerca de 400 escuelas han cerrado en Puerto Rico desde la década pasada debido a que los residentes se mudan a otras partes de Estados Unidos para huir de la severa crisis que afecta a la isla. La mayoría de las instalaciones de las escuelas públicas que han cerrado permanecen abandonadas.
@elcaribe