Santo Domingo RD.- El programa Nuria Investigación Periodística reveló que secuestro y posterior asesinato del abogado Yuniol Ramírez, podría ser el inicio del destape una lista de abogados y comunicadores que utilizan denuncias de corrupción para extorsionar a funcionarios, políticos y empresarios.
Su desaparición y asesinato, provocaron múltiples conjeturas, debido a las tantas denuncias y querellas judiciales que presentaba este joven abogado a través de su fundación Convergencia Nacional de Abogados- Cona-, fundada en el 2004. Yuniol se había convertido en una especie de cazador de denuncias de corrupción, aunque muchas se quedaban a mitad de camino porque después desestimaba las querellas o se desinteresaba de los procesos.
Es cierto que lo más importante en este caso es que ha habido un asesinato sangriento, pero hay que decir que este terrible asesinato ha sacado a la luz un tema muy delicado y es que un grupo de abogados que se dedican a cazar casos de corrupción para iniciar procesos judiciales los cuales muchos son desestimados luego de llegar a negociaciones económicas con los imputados. Ricardo Nieves, en su condición de abogado y comunicador nos da una opinión sobre esa tendencia dañina que se está impulsando en el país, aunque aclara no la vincula al caso Yuniol, dice no conocer ninguna evidencia de las acusaciones que se han querido presentar luego de su muerte.
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Hay rumores de que desde antes, Yuniol ya había realizado este tipo de prácticas en casos que había denunciado como el de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas del cual desistió, sin embargo personas allegadas a él como el abogado Tomas Castro, dicen tener la respuesta al desistimiento del caso.
En el mismo denuncia a Víctor Díaz Rúa como ministro de Obras Públicas y a Mustafa Abu Naba como suplidor, quien suscribió un contrato con Obras Publicas para representarla en todo lo atinente a la compra de productos asfalticos.
La queja era que este empresario no contaba con el poder especial otorgado por el presidente de la República para representar al país en actos jurídicos. El contratista recibiría del Estado Dominicano un 0.10 centavos de dólar por cada galón de cemento asfaltico que entrara al país realizado por otros transportistas. Yuniol denunciaba que era inconcebible que el Estado pagara a una empresa privada por no traer al país un producto. Otra cosa era que la adenda del contrato sobrepasaba el 25 % que establece la ley de contrataciones públicas.
Vale decir que esta querella tiene cerca de 134 páginas, sin embargo en sólo tres páginas luego de 8 meses, Yuniol hace un desistimiento de la querella en fecha 24 de octubre del 2013 con el simple argumento de que, Víctor Díaz Rúa, le entregó un legajo de documentos que supuestamente sustentan el poder de autorización dado a éste como ministro de Obras Públicas para realizar el contrato con la empresa de Abu Na Ba, autorización que no fue depositada junto a su desestimiento.
en su desestimiento se olvidó también de toda la otra parte de su denuncia que eran lo referente a quejas por sobreprecio de los contratos, a la irregularidad de la compra, el exorbitante costo de almacenamiento, el beneficio dado a una sola empresa por más de 138 millones 615 mil dólares, también el aumento de más del 25 del adendum en violación de la Ley de Compras y Contrataciones.
Aun cuando Yuniol desestimo, la fiscal Yeni Berenice prosiguió con el caso, ya que otras organizaciones, como la Fundación Primero Justicia de Freddy Aguas Vivas y Movimiento Cívico Ciudadano Contra la Corrupción, representado por la ex juez Josefina Juan de Pichardo y su hijo Remberto Juan de Pichardo, también se habían querellado.
Otro caso donde Yuniol accionó con la justicia fue con la denuncia presentada a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción- PEPCA- el 25 de julio del 2013 para que investigara la compra por parte de Héctor Beras, quien supuestamente fungió de testaferro de Edwin Espinal Matos, asistente de Alberto Holguin, director de Inapa, para comprar el edificio donde funcionaba la Librería Thesaurus en la avenida Abraham Lincoln, valorado en 1,400 mil dólares y vendido en US$1,200,000, aludiendo lavado de activos.
Días después presentó por amenaza de muerte supuestamente hechas por el entonces director de INAPA, Holguín. Caso que fue investigado por el Pepca y por lo cual fue interrogado el 20 de agosto del 2014, Yuniol Ramírez, donde cambio toda su denuncia argumentando ahora que la misma inicio por un twitter del abogado Julio Cury, por lo que se reunió con éste para que le diera todas las pruebas que sustentaron el expediente que él presentó ante el Pepca. Esto hizo posible que la denuncia llegara a los medios de comunicación y se lograra que Julio Cury que había estado interesado en el edificio pudiera negociar con los compradores iniciales, en virtud de lo cual establece Yuniol, que concluyó que el señor Holguín nada tenía que ver con la referida transacción. Aludió que fue lamentable y vilmente utilizado para fines para los que él no tuvo de acuerdo de modo alguno, por lo tanto ahora entendía que no estaba interesado en el tema.
Sobre la denuncia de amenaza de muerte supuestamente de parte del ingeniero Holguin, alegó que su desentimiento se debía a que con la explicación del exdirector de Inapa, de que no tenía nada contra él y que si hubo alguna amenaza no era de su parte, y le ofreció su amistad incondicional era suficiente para retirarla. Esto fue declarado ante el Dr. Gedeon Platón Bautista, y del Lic. Lorenzo Torres ambos Procurador General de la Corte de Apelación.
Otro de los casos que sometió a la justicia Yuniol Ramírez, fue el 22 de agosto del 2012 contra el archivo de la querella mediante apoderamiento directo contra el senador, Félix Bautista, por violación a la Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, caso que tampoco prospero.
Castro ve como improcedente medir este caso desde el punto de la extorsión, pues desviaría el delito más cuestionable en este momento.
Los allegados y familiares de Yuniol veían peligro para él y se lo habían advertido. Tomas Castro puso a su disposición a un policía que en sus tiempos libres trabaja en su oficina como ingeniero en sistemas.
En medio de todo este escándalo que ha acaparado la atención de todo el país, sería bueno profundizar un poco en quien Manuel Rivas Medina, hoy destituido director de la Omsa, es miembro del Comité Central del PLD y dirigió el movimiento “Unidos Todos con Danilo” en el pasado proceso electoral del 2016.
Asimismo, fue precandidato a la Alcaldía de Santo Domingo Oeste. Fue Diputado 2002-2006 y viceministro de Obras Públicas 2008-2012. Su designación como director de la OMSA se realizó a través del decreto No. 461-12 en agosto del 2012 y destituido esta semana por su vinculación en el asesinato de Yuniol Ramírez.
Dice tener una residencia a nombre de su esposa Flavia Matos, valorada en 23 millones, calle Almendra, residencial Alameda. Un apartamento valorado en 2 millones de pesos y una finca valorada en 26 millones, una jeepeta Laind Cruser adquirida en el 2004 con valor de 315 mil pesos y otra del año 2014 por un millón 214 mil peos, escopeta semiautomática 150 mil pesos. Muebles del hogar valorados en más de 3 millones de pesos, cuentas de ahorro en el BanReservas por 320, 599 pesos y una cuenta corriente en el mismobanco por 86 mil 820 pesos y certificados por valor de 560 mil 775 pesos.
Mientras su sueldo en la Omsa era de 140 mil pesos y con las deducciones de ley le quedaba en 91 mil 256 pesos y tenía un préstamo en el BanReservas del 2014 de 2 millones 300 mil pesos con una cuota de 72 mil pesos que casi abarca su sueldo. Hay que decir que aun cuando él fue nombrado en el 2012 su declaración jurada es del 2016 casi 4 años después.
Hasta el momento se encuentran detenidos Manuel Rivas, director de OMSA; y el empresario Eddy Rafael Santana, José Antonio Mercado y el director financiero de la entidad, Faustino Rosario Díaz.
Aun con todas las hipótesis que se han tejido alrededor de este caso, las evidencias que han ido saliendo son cada vez más reveladoras, los imputados quedan más comprometidos y el móvil cada vez más claro.
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