La fuente de irrefutable crédito aseguró a El Nacional que “los norteamericanos resaltaron que las autoridades investigarán el caso, pero no están conformes y pidieron que se profundicen las indagatorias, se llegue al fondo sin que se proteja a posibles implicados, que no tomen en cuenta rangos ni posiciones oficiales”.
El informante anotó que “en el caso, dice la DEA, no se ha citado a controladores, al personal de rampa ni quién fue el oficial superior que dispuso que se apagara el sistema de monitoreo del aeropuerto”.
Precisó la fuente militar de entero crédito que además exige la DEA que “se debe esclarecer dónde están los 500 mil dólares (24 millones de pesos), quiénes son todos los beneficiados y no se excluya a nadie en particular por tener influencia”.
Violaciones
Dicen militares violaron los artículos 2, 83, 154, 173, 175 y 185 de la Ley Orgánica de las FFAA; los artículos 2, 8, 9, 13, 14, 33, 40 y 52 del reglamento militar disciplinario; y el teniente los artículos del 32 al 35, 152, 153 y 156 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional.
Los 625 kilos de cocaína los trajo la avioneta matrícula HK4909G desde Cartagena, Colombia, el 24 de octubre pasado en la noche, por el aeropuerto de La Romana, donde descargó 23 sacos de cocaína, con 25 paquetes de un kilo cada uno, y que según militares y empleados de la terminal implicados recibieron sobornos por 24 millones de pesos.
El procurador general de la República, Jean Alaín Rodríguez, instruyó a Juan Amado Cedano, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, iniciar una investigación penal en contra de los oficiales involucrados y el asimilado militar.
La comisión conformada por el Ministerio de Defensa recomendó la cancelación por confabulación y entregó a la Procuraduría de la República a los coroneles Domingo Figuereo Heredia, de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), y Robert Antonio Ramírez Pimentel, del Ejército de República Dominicana (ERD), el primero, asignado al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y Aviación Civil, y era director de seguridad de la terminal aérea, mientras el segundo fue encargado de la Dirección Nacional de Control de Droga.
Los 625 kilos de cocaína fueron sacados del país en dos aeronaves hacia Europa y Estados Unidos, con la complicidad de los encargados de seguridad del aeropuerto romanense, entre ellos los dos coroneles y el primer teniente de la Policía, Andrés Lorenzo Castillo Padilla y el asimilado militar, Emmanuel Cruz Espinal.
El ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, el presidente de la DNCD, vicealmirnate Edmundo Félix Pimentel, el director de la Policía, mayor general Ney Bautista Almonte, y el director del Cesac, general Aracenis Castillo de la Cruz, aseguraron que la investigación sigue abierta y “el caso se esclarecerá y que no quedarán aristas sueltas”.
