La más reciente dimisión fue la del ministro de Cultura, Salvador del Solar. “Presenté mi renuncia al cargo de Ministro de Cultura”, escribió ayer en su cuenta de Twitter Del Solar, quien siempre estuvo en contra del perdón a Fujimori.
Asimismo, el presidente ejecutivo de la televisora y radio públicas, Hugo Coya, también presentó su renuncia en el marco del indulto que ha dividido a Perú, confirmó el propio Coya.
La renuncia de Del Solar era reclamada con insistencia en redes por sectores antifujimoristas, que exigían “coherencia” en su posición para no avalar un indulto que algunos califican de ilegal.
“Agradezco al presidente de la República por haberme dado la oportunidad de servir a nuestro país”, agregó el ministro renunciante, que encabezaba la cartera de Cultura desde diciembre de 2016. Del Solar es el primer integrante del gabinete que renuncia desde el indulto.
Un día antes desertaron el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre paz, reparación y reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.
En sus cartas de renuncia, publicadas por el diario La República, Rodríguez manifestó que Fujimori “no calificaba para la concesión de un indulto humanitario”, mientras que Sánchez señaló que le resulta “insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga permanentemente con las víctimas”.
Durante el día también formalizó su renuncia a la bancada del oficialismo el legislador Alberto de Belaúnde y se espera que en los próximos días lo hagan Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa.
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que solicite al Estado peruano información sobre el indulto y derecho de gracia otorgados a Fujimori y que convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de condena.
Aprodeh hizo la solicitud como representantes de las víctimas del caso La Cantuta, uno de los cuales por los que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009.
En 1992, el grupo militar encubierto Colina ingresó a los dormitorios de la universidad La Cantuta, en Lima, y se llevó a nueve estudiantes y un profesor, bajo sospechas de supuestos vínculos subversivos, sin que se volviera a saber de su paradero.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, informó ayer que envió un informe a la Corte IDH sobre el “indulto ilegal” al exmandatario y solicitó una audiencia de supervisión de cumplimiento de condena.
Kuczynski firmó el indulto sólo tres días después de evitar su destitución por el Congreso, por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht, gracias a la abstención de un grupo de diez fujimoristas liderados por Kenji Fujimori, hijo menor de Alberto, que anteriormente había pedido al mandatario indultar a su padre.
En un mensaje televisado, Kuczynski calificó el pasado lunes como “errores” los delitos de lesa humanidad por los que fue condenado Fujimori.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aseguró ayer que “se actuó con veracidad y apego a las normas” en el proceso de indulto.
En un comunicado oficial, el ministerio aseguró que en la decisión “se respetó la atribución constitucional del presidente para conceder indulto humanitario y derecho de gracia”.
Manifestantes exigen anular el perdón
Familiares de las víctimas de la represión bajo el régimen de Alberto Fujimori, organizaciones políticas y de derechos humanos marcharon ayer por la anulación del indulto al expresidente peruano, concedido por el mandatario Pedro Pablo Kuczynski, en la víspera de Navidad.
“Es la segunda vez que confié en un presidente y que me ha fallado”, afirmó con pesar a AFP, Rosa Rojas, quien perdió a su marido y a su hijo de 8 años en la matanza de Barrios Altos, perpetrada en Lima por un escuadrón militar el 3 de noviembre de 1991.
Varias agrupaciones políticas y de víctimas del gobierno de Fujimori (1990-2000) convocaron a una marcha este jueves en Lima, mientras una organización peruana dijo que pedirá la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José.
“Creemos que es un indulto ilegal porque no reúne las condiciones que la propia norma peruana establece para otorgar indulto”, declaró a AFP Gisela Ortiz, hermana de uno de los nueve estudiantes y un profesor secuestrados por un escuadrón militar desde la universidad La Cantuta y asesinados en una zona rural cercana a Lima, el 18 de julio de 1992.
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