La jueza Sandra Guerrero le impuso el pago de una garantía económica de 3 millones de pesos, además de presentación periódica e impedimento de salida del país.
La magistrada tomó la medida acogiendo la solicitud del abogado Miguel Valerio, quien aclaró que su cliente no tiene que ver con el asesinato del abogado Yuniol Ramírez, sino que se le imputa por corrupción.
Hoy en el Sexto Juzgado de la Instrucción también se conoce una solicitud de medida de coerción real, interpuesta por la familia Ramírez para que sean embargados los bienes de los imputados en el proceso.
Además de Rivas y Santana Zorrilla, están imputado en este caso Antonio Mercado Blanco (El Grande) y Faustino Rosario.
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