El caso de Teodora del Carmen Vásquez subraya la pena a la que se enfrentan las mujeres salvadoreñas condenadas por homicidio luego de perder un embarazo. El Salvador prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, ni siquiera puede practicarse para salvar la vida de la madre.
Vásquez, de 34 años, cumplía su turno como cocinera de la cafetería de una escuela en 2007 cuando comenzó a sangrar y sufrió una muerte fetal en el último mes de su embarazo. Fue condenada por homicidio agravado y sentenciada a 30 años de prisión. En diciembre pasado, el tribunal que la declaró culpable confirmó el veredicto.
Pero la Corte Suprema dictaminó que no había pruebas suficientes para demostrar que Vásquez había tomado alguna medida para finalizar su embarazo y que, por “razones poderosas de justicia” y “equidad”, debía ser liberada.
Grasas malas que no son tan malas y buenas que no son tan buenas
Vásquez le dijo a los periodistas que estaba ansiosa por ver a su familia, incluido su hijo de 13 años. El Salvador es uno de los seis países de América Latina que prohíbe el aborto, y los tribunales aplican severas sanciones a las mujeres y los médicos por este hecho.
En 2013, la Corte Suprema rechazó una petición para finalizar el embarazo de alto riesgo de una mujer cuyo feto sufrió una anomalía que no le habría permitido sobrevivir. Los médicos le provocaron el parto de manera prematura y el bebé falleció.
Los otros países que prohíben el aborto son Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Haití y Surinam. En la Asamblea Legislativa de El Salvador se han presentado dos proyectos de ley para permitir el aborto en casos específicos, incluso para salvar la vida de la madre, pero aún deben ser considerados por un comité, lo que constituye el primer paso antes de someterlos a votación.
Las organizaciones que luchan por la defensa de los derechos de las mujeres han identificado al menos a 28 mujeres que han sido encarceladas después de experimentar complicaciones en sus embarazos.
Una coalición de grupos de mujeres, liderada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, ha estado trabajando para la liberación de 17 mujeres condenadas por homicidio después de haber sufrido emergencias obstétricas. Desde 2014, cuatro mujeres —incluida Vásquez—, fueron liberadas y una quinta completó su sentencia.
“Para mí esto es un signo de esperanza, de que la vida de Teodora puede mejorar”, dijo Morena Herrera, presidenta de la organización. “Pasó 10 años y siete meses en prisión. Eso es mucho tiempo para un crimen que ella no cometió. Pero, sobre todo, es un signo de esperanza para las mujeres que siguen encarceladas”.
Vásquez dijo que no es completamente feliz porque sabe que otras mujeres siguen en prisión. “No estoy completa”, dijo. “Estoy comprometida a luchar por ellas”.
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