Además, se han diseñado planes más amplios para examinar más de cerca las prácticas de contratación de las empresas.
Conforme a una ley federal de 1986, las compañías deben verificar que sus empleados tengan autorización para trabajar en Estados Unidos mediante la revisión de sus documentos y confirmando con el gobierno la identidad del empleado y su permiso de trabajo. Si se encuentra que los patrones contratan a alguien sin los documentos requeridos, podrían ser multados y, en algunos casos, ser sujetos a un proceso criminal.
La reciente atención a los patrones se da tras un aumento de detenciones de trabajadores con fines de deportación que comenzó inmediatamente después de que el presidente Trump asumió el cargo en enero de 2017.
La campaña probablemente complacerá a los opositores de la inmigración ilegal, pero podría dañar a las industrias y compañías que dependen de la mano de obra de los inmigrantes.
Hubo 2.282 auditorías a los empleadores entre el 1 de octubre y el 4 de mayo, dijo el lunes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), lo que representa un aumento de casi el 60% en las auditorías, en comparación con las 1.360 realizadas entre octubre de 2016 y septiembre de 2017. Muchas de esas revisiones fueron llevadas a cabo luego de que el ICE realizó en enero auditorías y entrevistas a los empleados de unas 100 franquicias de 7-Eleven en 17 estados.
Hubo 594 patrones detenidos bajo cargos criminales de inmigración del 1 de octubre al 4 de mayo, en comparación con los 139 arrestados en el año fiscal pasado. Además, hubo 610 cargos civiles en materia de inmigración en el mismo periodo, comparados con los 172 en los 12 meses anteriores.
Derek Benner, director de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE, comentó a The Associated Press que se tiene planeada otra oleada de auditorías a nivel nacional en los próximos meses para tener un total de más de 5.000 para el 30 de septiembre. El nivel más alto de auditorías por parte del ICE fue en 2013, con 3.127.
La agencia ha desarrollado un plan para efectuar hasta 15.000 auditorías al año, lo cual dependerá de la financiación y apoyo de otras áreas del gobierno, dijo Benner.
La propuesta prevé la creación de un Centro de Inspección a fin de efectuar las auditorías en un solo sitio y no en oficinas regionales en el país, apuntó. El escaneo electrónico de documentos contribuirá a detectar actividad sospechosa, y los casos más flagrantes serán turnados a oficinas regionales para ampliar la investigación. Los avisos de auditoría serán enviados electrónicamente o por correo certificado y no personalmente.
Benner dijo que un centro con 250 auditores, la tecnología correcta y un equipo de abogados para la pronta imposición de multas permitirían a su agencia auditar entre 10.000 y 15.000 compañías al año.
Con la propuesta se pretende infundir una “expectativa razonable” entre los empleadores de que serán auditados, declaró Benner.
“Nuestra visión es más o menos crear esta cultura del cumplimiento”, apuntó.
Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks USA, un grupo que representa a pequeñas y medianas empresas, dijo que “aumentar el cumplimiento” podría perjudicar a compañías en mercados laborales e industrias con alta demanda de mano de obra, como la construcción, y puede entrampar a los empleadores que respetan la ley pero que reciben documentos falsos de los trabajadores.
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