Marlon Castillo, de 46 años, es uno de los últimos afectados por esta práctica de la Administración del presidente Donald Trump contra indocumentados que se presentan a cumplir una cita en las oficinas del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).
El inmigrante guatemalteco fue detenido el pasado 21 de mayo en el edificio federal de Los Ángeles por agentes de “La Migra” después de una entrevista rutinaria con un oficial de USCIS como parte del proceso de solicitud de su residencia permanente por estar casado con una ciudadana estadounidense.
Sin poder contener las lágrimas, Ana Castillo cuenta a Efe que nunca se imaginó que los esfuerzos para evitar que su esposo acabase en una cárcel del ICE los llevaría directamente a esa situación.
“Mi esposo no ha cometido ningún crimen. Con un ‘récord’ limpio, un trabajo honesto, pagando impuestos, dos hijas estadounidenses y mi petición nunca pensamos que esto iba a pasar”, asegura.
En la entrevista en el proceso de petición familiar, y, tras pasar todos los documentos y tener casi aprobada la petición, el oficial de USCIS encontró una orden de deportación en contra de Castillo de hace más de 20 años, después que le fuera negada una petición de asilo político en la década de los años ’90.
Inmediatamente el funcionario de USCIS explicó que necesitaba hablar con un supervisor, y minutos después un oficial de ICE detuvo a Castillo.
“No me dejaron ni despedirme de él, me destruyeron la vida y la de mis hijas”, lamenta Ana.
Su abogada, Meredith Brown, que acudió con ellos a esa cita con USCIS, asegura que aunque iba preparada con toda la documentación para pedir a ICE que desechara la orden de deportación, los oficiales hicieron caso omiso y detuvieron a su cliente.
“Es una contradicción que el mismo gobierno esté diciendo que quiere que los inmigrantes usen las vías legales y ellos no estén respetando este proceso”, considera Brown.
Los controvertidos arrestos en las oficinas de inmigración salieron a la luz a comienzos de año con el caso de Lilian Calderón Jiménez, quién acudió a una cita en las oficinas de USCIS en Rhode Island para obtener su residencia permanente a través de su esposo, un ciudadano estadounidense.
La inmigrante guatemalteca, madre de dos niños nacidos en Estados Unidos, terminó arrestada por ICE.
El arresto del brasileño Lucimar de Souza en las mismas circunstancias de Calderón empujó a la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) a demandar las acciones de las autoridades federales.
El juez de distrito en Massachusetts Mark L. Wolf está escuchando a ambas partes. En una audiencia, la semana pasada, Thomas Brophy, director interino de la oficina local de ICE en Boston, dijo en la corte que al enterarse que inmigrantes como Souza buscaban arreglar su situación legal puso fin a esta práctica en sus oficinas.
Brown se pregunta si Brophy tomó la decisión de detener estas acciones y ICE es una agencia federal por qué en Los Ángeles se actúa de diferente forma: “¿Hay que demandar entonces en cada estado?”.
La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) se unió a las denuncias y a las exigencias para que la Administración Trump mantenga esta clase de acciones.
“Cada vez más estamos viendo estas separaciones de familias y, aunque tenemos todos los argumentos para su defensa, ICE no quiere negociar”, dijo Cinthia Flores, abogada de CHIRLA.
Por su parte, Ana asegura que el arresto de su esposo ha sido un golpe emocional para sus hijas, de 14 y 6 años, que no paran de llorar.
“Esto no es justo. Mi papá no le ha lastimado a nadie, por qué lo separaron de nosotros, no vamos a resistir esta separación”, dijo a Efe Daelyn, la mayor de las hijas de Castillo, que se encuentra en un centro de detención en Santa Ana (California).
@eldiariony
