Las autorizaciones fueron emitidas por los juzgados de las instrucciones de las cinco demarcaciones, acogiendo peticiones de los fiscales en manejo de esos casos.
Los fiscales de Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, La Romana y La Altagracia solicitaron a los tribunales de esas jurisdicciones la intervención de 4,706 teléfonos de los procesos que manejan, de los cuales fueron rechazadas 356 intervenciones. En Santiago fueron solicitadas 1,592 intervenciones; en Puerto Plata, 579; San Cristóbal 1,067; La Romana 288, y La Altagracia, 1,180, según estadísticas de la Dirección de Ética Judicial y Transparencia del Poder Judicial.
En 2014 fueron acogidas 355 solicitudes de intervenciones telefónicas, y 23 rechazadas. En 2015 fueron acogidas 1,242, y 168 rechazadas. En 2016 fueron aceptadas 1,800, y 75 desestimadas; en 2017 fueron aceptadas 953, y 90 denegadas.
Todo esto, sin constar las 12,889 solicitudes de interceptación telefónica que solicitó el ministerio público el año pasado en las jurisdicciones del Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, de las cuales fueron acogidas 12,754, y 135 rechazadas.
En estas mismas jurisdicciones el 2017 el ministerio público solicitó 5,178 intervenciones telefónicas, de los cuales los tribunales aprobaron 4,883 y rechazaron 295.
Este dato sale a relucir en medio del escándalo suscitado por el espionaje develado contra la presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito.
Las denominadas “escuchas telefónicas” -intervención de las comunicaciones telefónicas-, que pueden acordarse como diligencias instructoras en el ámbito del proceso penal, requieren, para su adopción, del cumplimiento de una serie de formalidades materiales y procesales que delimitan su aplicación.
En torno a las intervenciones telefónicas el abogado constitucionalista Namphi Rodríguez solicitó a la Defensoría del Pueblo abrir una investigación para determinar la “pertinencia y legalidad” de las intervenciones telefónicas practicadas por el Ministerio Público. En ese sentido, dijo que la Defensoría del Pueblo, como órgano constitucional autónomo, está facultada por el artículo 191 de la Constitución para abrir una investigación y realizar una auditoría judicial que determine los méritos de las solicitudes de intervenciones telefónicas del Ministerio Público para constatar que no hay un estado generalizado de violación del derecho a la intimidad de las personas.
El escándalo
Las intervenciones telefónicas saltaron a los primeros planos de la opinión pública después de que el Inspector del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, admitiera públicamente que solicitó que fuera intervenido el teléfono de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito.
@listin
