Los fiscales brasileños sospechan que las firmas canalizan pagos ilegales a funcionarios del gobierno para asegurar contratos con programas de salud pública en todo el gigante sudamericano durante las últimas dos décadas.
Las autoridades brasileñas dicen que más de 20 compañías pueden haber sido parte de un "cartel" que pagó sobornos y cobró al gobierno precios inflados por equipos médicos, como máquinas de diagnóstico por imágenes, resonancia magnética y prótesis.
Las cuatro multinacionales, con una capitalización de mercado que sumada roza los 600 mil millones de dóalres al cierre del mercado del jueves, son las empresas extranjeras más grandes investigadas en un caso sin precedentes contra la corrupción en Brasil en los últimos años.
Según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA), las grandes empresas estadounidenses y europeas que cometieron irregularidades en Brasil también podrían enfrentar fuertes multas y otros castigos. Desde 1977, esa ley ha prohibido que los ciudadanos estadounidenses, las compañías estadounidenses o las compañías extranjeras cuyos activos cotizan en los Estados Unidos que paguen a los funcionarios extranjeros para que hagan negocios.
Las empresas extranjeras son los últimos objetivos de las investigaciones de corrupción del gobierno en Brasil, que en los últimos cinco años se ha visto conmocionado por revelaciones sobre corrupción generalizada en instituciones estatales y empresas del sector privado que buscan hacer negocios con ellos.
Las extensas investigaciones de los fiscales y la policía federal, incluida la famosa redada "Operación Lava Jato" centrada en la petrolera estatal brasileña Petrobras, ha conocionado al sistema político de varios países de América Latina al mismo tiempo que sacudió a la conducción de muchas grandes empresas del continente.
Siemens, que tiene su sede en Múnich, dijo en un comunicado que la empresa “no tiene conocimiento de ninguna investigación del FBI hacia la compañía relacionada con cartelización en Brasil”
Siemens, que tiene su sede en Múnich, dijo en un comunicado que la empresa “no tiene conocimiento de ninguna investigación del FBI hacia la compañía relacionada con cartelización en Brasil”.
Las autoridades dicen que los acuerdos de arrepentimiento celebrados por los fiscales con sospechosos los alertaron sobre otros posibles esquemas de corrupción, incluidos los supuestos sobornos pagados por las multinacionales para obtener contratos públicos en Brasil.
"Constantemente compartiendo información"
La fiscal federal brasileña Marisa Ferrari confirmó en una entrevista con Reuters que las autoridades estadounidenses del Departamento de Justicia y de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) estaban ayudando en la investigación sobre la venta de equipos médicos a su país de la que ella forma parte.
En 2016, los fiscales de EEUU y Brasil negociaron conjuntamente la pena más grande del mundo, una multa de 3.500 millones de dólares contra el conglomerado brasileño de la construcción Odebrecht SA por su parte en el escándalo del Lava Jato.
"Estamos constantemente compartiendo información con el FBI sobre este caso (de venta de equipamiento médico). Ellos piden documentos y nosotros los enviamos, y a cambio ellos están ayudando a nuestra investigación", dijo Ferrari. Además, la fiscal sostuvo que han recibido "una gran cantidad de material del Departamento de Justicia y de la SEC".
Ferrari se negó a nombrar qué compañías son investigadas por agencias estadounidenses.
Dos investigadores brasileños con conocimiento directo del asunto confirmaron a Reuters que Johnson & Johnson, Siemens AG, General Electric Co y Koninklijke Philips NV estaban siendo investigadas por el FBI por presuntos sobornos en Brasil. Los investigadores brasileños hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas para discutir el lado estadounidense de la investigación.
El FBI no confirmó ni negó la existencia de ninguna investigación. La SEC, que también investiga las infracciones a la FCPA, se excusó por correo electrónico de hacer comentarios.
General Electric, con sede en Boston, se negó a comentar sobre cualquier investigación relacionada con su negocio en Brasil. Dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que "estamos comprometidos con la integridad, el cumplimiento y el estado de derecho en Brasil y en todos los demás países en los que hacemos negocios".
Siemens, que tiene su sede en Múnich, dijo en un comunicado enviado por correo electrónico que la empresa "no tiene conocimiento de ninguna investigación del FBI hacia la compañía relacionada con cartelización en Brasil". Dijo que su política siempre es cooperar con las investigaciones cuando ocurren.
General Electric, con sede en Boston, se negó a comentar sobre cualquier investigación relacionada con su negocio en Brasil
General Electric, con sede en Boston, se negó a comentar sobre cualquier investigación relacionada con su negocio en Brasil
Philips, con sede en Ámsterdam, confirmó en un correo electrónico que está bajo investigación en Brasil. En su informe anual de 2018, Philips reconoció que "también ha recibido consultas de ciertas autoridades de los EEUU con respecto a este asunto".
En su respuesta enviada por correo electrónico a Reuters, Philips dijo que "no es raro que las autoridades de los EEUU muestren interés en estos asuntos y es demasiado pronto para sacar conclusiones".
Johnson & Johnson, con sede en New Brunswick, Nueva Jersey, dijo en una respuesta enviada por correo electrónico que el Departamento de Justicia y la SEC "han realizado consultas preliminares a la compañía" en relación con una redada de la policía federal brasileña en sus oficinas de San Pablo el año pasado, y que la firma está cooperando.
"Realmente masivo"
La fiscal brasileña Ferrari dijo que la investigación sobre venta de equipo médico estaba en sus primeras etapas. Aun así, dijo que la evidencia apunta a sobornos generalizados y al alza de precios por parte de las empresas que buscan aprovechar el sistema de salud público de Brasil, uno de los más grandes del mundo, que atiende a 210 millones de personas.
"Debido a que el presupuesto de salud del gobierno brasileño es tan grande, este esquema es verdaderamente masivo", dijo Ferrari. "Este primer caso es solo una pequeña parte de lo que está por venir".
Además de pagar sobornos a través de intermediarios para asegurar contratos, algunos proveedores cobraron precios inflados del gobierno de Brasil, hasta ocho veces más que el precio de mercado, para ayudar a cubrir el costo de sus sobornos, de acuerdo con los documentos presentados ante los tribunales y el testimonio de un arrepentido ante los fiscales.
Philips, con sede en Ámsterdam, confirmó que está bajo investigación en Brasil y reconoció que “también ha recibido consultas de ciertas autoridades de los EEUU con respecto a este asunto” pero añadió que “no es raro que las autoridades muestren interés en estos asuntos y es demasiado pronto para sacar conclusiones”
El ex presidente ejecutivo de General Electric para América Latina, Daurio Speranzini, y otros 22 personas fueron acusadas el año pasado en el primer caso relacionado con el supuesto negociado.
Los fiscales dicen que el caso, que se centró en el estado de Río de Janeiro, mostró cómo los contribuyentes brasileños fueron engañados por al menos 600 millones de reales ($ 149.38 millones de dólares) entre 2007 y 2018 a través de contratos amañados adjudicados a proveedores de equipos médicos corruptos.
Los abogados de Speranzini, que dejaron General Electric en noviembre, dijeron por correo electrónico que él es inocente.
Los fiscales alegan que Speranzini participó por primera vez en la cartelización como jefe de la operación de Philips Healthcare en América Latina desde 2004 hasta fines de 2010. Un informante le dijo a la oficina de Compliance de Philips sobre el fraude, y Speranzini fue despedido después de una investigación interna, según los documentos.
Fue contratado por General Electric unos meses después de dejar Philips. Los investigadores dicen que tienen pruebas sólidas de que Speranzini continuó con el esquema mientras estaba en General Electric.
General Electric se negó a comentar sobre la contratación de Speranzini o su salida de la empresa.
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