Utilizando datos que atribuye haber obtenido de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la organización precisa que en las cárceles nacionales hay alrededor de dos mil detenidos que cumplieron su pena o hicieron acuerdos para salir en libertad, sin embargo siguen detenidos por falta de tramitación de las autoridades.
La entidad de Derechos Humanos también estima que el 35% de todos las personas que están en prisión es por delitos menores y considera que a esos reclusos (preventivos y condenados) se les puede variar la medida o ponerlos provisionalmente en libertad a fines de descongestionar los recintos, según las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio).
¿Cómo descongestionar las cárceles?
Preocupada por esa situación y por la propagación del COVID-19 en las cárceles del país, sobre todo las del viejo modelo penitenciario, en fecha 24 de marzo del 2020, la CNDH dirigió una comunicación al presidente de la República, Danilo Medina, y al procurador general Jean Alain Rodríguez, solicitándoles la adopción de medidas urgentes a fines de descongestionar las cárceles.
Entre los puntos que le solicitaron a las autoridades figuran conceder indultos humanitarios y masivo a todos los internos en las cárceles públicas del país que padezcan enfermedades terminales, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
Solicitaron indulto humanitario para todos los reclusos mayores de 60 años en las cárceles públicas del país; libertad pura y simple a todos los internos con medida de coerción consistentes en pago de una garantía económica; libertad para aquellos que están presos por multas, o están privados de libertad por trámites burocráticos.
También pidieron liberar a aquellos presos que le faltan solo meses para cumplir su condena total, y liberar a los que están privados de libertad por delitos menores, previo cumplimiento de las formalidades de Ley.
Demandaron conseguir el listado que tiene la Dirección General de Prisiones de los internos que cumplieron su pena para que sean comunicados a los abogados de la defensa pública y a la CNDH, para que se hagan las solicitudes correspondientes a los respectivos tribunales de Ejecución de la Pena para fines de declaratoria de cumplimiento de la pena.
