El organismo internacional acogió la solicitud en el 2017 de la madre de Almonte Hernández y anunció que hará un estudio de fondo para analizar el caso, incluso la falta de acceso a la justicia para la progenitora de la menor.
Rosa Hernández es representada desde 2013 por Women’s Link Worldwide después de buscar infructuosamente que la justicia dominicana investigara.
Almonte Hernández, de 16 años, en el 2012 fue diagnosticada con leucemia, pero por estar embarazada le retrasaron la quimioterapia que requería para salvar su vida. Como consecuencia de la falta de tratamiento oportuno y adecuado, “Esperancita” falleció.
La información la ofrece Women´s Worldwide, organización que dice que al recibir la noticia, Rosa Hernández, afirmó: “Ya que la justicia de mi país no ha hecho nada, esta noticia me da esperanzas".
“Siento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a llevar este caso hasta las últimas consecuencias y me va a dar una respuesta contundente. No solo para intentar aliviar el dolor que me acompaña desde hace casi ocho años por la pérdida de mi hija, sino por todas las mujeres de este país que mueren porque no les dan el tratamiento médico que necesitan para salvar sus vidas”, sostuvo la madre de Esperancita.
Women’s Link Worldwide destacó que en el informe de admisión del caso, la CIDH haya determinado que no solo analizará la violación a los derechos de Rosaura Almonte, incluida la negativa a proveerle el aborto terapéutico que necesitaba, sino que también estudiará los hechos en relación con un “contexto de discriminación estructural de género en el país, en donde uno de los elementos importantes es la falta de un marco normativo adecuado respecto de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas”.
Selene Soto Rodríguez, abogada de Women’s Link Worldwide, asegura que “este proceso es una oportunidad para avanzar en la búsqueda de justicia y reparación para Rosa Hernández, a través del reconocimiento de las fallas de los sistemas de salud y de justicia en el caso de su hija Rosaura"
Agregó que es una oportunidad para avanzar en la eliminación de la discriminación estructural que menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se traduce en la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como educación sexual, anticoncepción, atención de calidad durante el embarazo y el parto.
También agrega que la discriminación se manifiesta en el no acceso a los abortos seguros cuando se requieren para proteger la salud e integridad de las mujeres.
“Ninguna mujer debe morir o estar en riesgo en República Dominicana por causas asociadas con el embarazo”, consideró Soto Rodríguez.
Esta decisión de la CIDH llega en un momento clave en el que el COVID-19 obliga a los gobiernos a tomar en cuenta los riesgos específicos que enfrentan las mujeres y niñas en la crisis actual, y les exige incorporar medidas diferenciadas para asegurar que la pandemia no exacerbe las desigualdades y vulnerabilidades existentes.
La República Dominicana penaliza el aborto aún cuando este ponga en riesgo la vida de la madre o sea producto de una violación o incesto.
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