El DACA concede permisos de trabajo, además de que protege de la deportación a los inmigrantes llevados de niños a los Estados Unidos, pero que no tienen un estatus migratorio legal.
Cabe mencionar que el mes pasado, la Corte Suprema declaró que el presidente Donald Trump no había puesto fin al programa de manera debida en 2017. En este sentido, abogados especializados en inmigración alegaron que eso significaba que el gobierno debía comenzar a aceptar nuevas solicitudes.
En su dictamen de cuatro páginas, el juez Paul Grimm criticó la terminación del DACA decretada por Trump en septiembre de 2017 y añadió que tras el fallo del Supremo el 18 de junio, el programa “queda restaurado a como estaba” antes de su cancelación.
Con este fallo, el juez prohibió al Gobierno y sus agentes que apliquen o pongan en práctica la rescisión del DACA y “que tomen alguna otra acción para rescindir el DACA que no esté en cumplimiento de la ley aplicable”. Ante esto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos dijo que está revisando el fallo.
Durante la conferencia de prensa del 14 de julio, Trump aseguró que su Gobierno “se ocupará del DACA”, el cual se instauró por decreto del presidente Barack Obama en 2012, y cuya función ha sido la de proteger de la deportación a cientos de miles de personas traídas cuando eran menores de edad.
Hasta hoy, el Gobierno no ha indicado si, como corresponde de acuerdo al fallo judicial, mantendrá la extensión de permisos a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia y aceptará las solicitudes de otras personas impedidas de hacerlas desde la decisión de rescindir el programa por parte de Trump.
Esto incluye a cerca de 650.000 beneficiarios del DACA que buscarían renovar los permisos y más de 300.000 nuevos solicitantes entre quienes se cuentan alrededor de 55.000 individuos que en los últimos tres años han cumplido la edad para ampararse en el programa.
El Centro para el Progreso Americano calcula que cualquier decisión sobre el DACA impactará a más de 1.1 millones de inmigrantes indocumentados si se cuentan a los familiares de los “soñadores”, como a sí mismos se denominan los beneficiarios directos, y decenas de miles de niños y niñas, hijos de los “soñadores”, que han nacido en EEUU y son ciudadanos estadounidenses.
Por otra parte, 33 miembros del Senado enviaron una carta al secretario interino de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Chad Wolf, pidiendo que el Gobierno cumpla con la decisión del Tribunal Supremo sobre el DACA y reanude los trámites de extensión de permisos, además de aceptar nuevas solicitudes.
”No hay indicio de que su agencia haya dado paso alguno para restaurar las protecciones del DACA tal como lo requiere, de manera inequívoca, la decisión del Tribunal”, señalaron los senadores. “No hemos encontrado una sola declaración suya o de algún funcionario de DHS notificando al público que su agencia cumple con la decisión del Supremo”.
”Por el contrario, el 19 de junio, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) actualizó su página web afirmando que la decisión del Tribunal Supremo ‘no tiene sustento en la ley’, y atacando a los beneficiarios del DACA”, indicaron los senadores.
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