El incremento de la difusión de contenido de manera ilegal a través de sistemas de televisión por cable y de televisoras sin autorización, así como la comercialización de otros programas de computación y música en el territorio nacional, ha colocado al país en la lista de vigilancia de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos.
Así lo establecieron las autoridades norteamericanas al colocar al país en la Sección Especial 301 en la que se incluyó a la República Dominicana en la lista de vigilancia de este año.
El experto en la legislación de derecho de autor, y presidente de la Asociación Dominicana de la Propiedad Intelectual, el doctor Edwin Espinal, al referirse al tema lamentó que por falta de acciones por parte de las pasadas autoridades, figure en la lista de los países en los que no se respetan acuerdos para proteger el derecho de autor y los acuerdos internacionales.
“La falta de voluntad política del país para abordar determinados problemas en materia de propiedad intelectual, particularmente en lo referente a piratería de señales de radiodifusión, lo que se revela por la ausencia de cambios significativos en la coordinación entre las agencias gubernamentales que deben encarar la cuestión”, dijo a Diario Libre el también historiador.
Agregó: “El reporte contrasta con los señalamientos del pasado director de la ONDA, Trajano Santana, - organismo competente en la materia- de que el Gobierno incrementaría y fortalecería los mecanismos para proteger el derecho de autor en el país por el aporte de las industrias creativas al fisco y de que el expresidente Danilo Medina apoyó las acciones de esa institución, pues establece que los organismos encargados de cumplir la ley siguen teniendo muy poco personal, sus recursos son insuficientes y carecen de un mecanismo de coordinación”.
Recordó que la autorización expresa del organismo de origen para la retransmisión de una señal de radiodifusión es un requisito ineludible, pues de otro modo se cometería el ilícito de distribución y comunicación o difusión de una emisión de radiodifusión sin consentimiento previo. “Este delito se tipifica de manera continua en el país. Existen hoteles y concesionarios del servicio de difusión por cable que utilizan decodificadores para retransmitir señales de televisión codificadas sin contar con la autorización de sus titulares. A la anterior se suma otra forma de piratería denominada sub reporte, que es la declaración y pago que realizan los cableoperadores a los distribuidores de contenidos de una cantidad de abonados menor con la que en verdad cuentan”.
Un reto
El pasado 16 de agosto se instaló el nuevo gobierno que encabeza Luis Abinader. Con ello llegó un nuevo director a la Oficina Nacional de Derecho de Autor. Edwin Espinal estimó que sin duda es un reto afrontar la transmisión no autorizada de señales de radiodifusión televisiva por flujo continuo a través de sitios web. “Un pirata puede captar utilizando una computadora personal y una simple tarjeta sintonizadora o a partir de la propia señal transmitida en línea por flujo continuo, y difundir en su propio “canal”. La aplicación de las disposiciones de la Ley 57-07 y las previsiones del DR-CAFTA referidas a proveedores de servicios en línea –no traspuestas por la Ley 65-00 para la observancia del derecho de autor en el entorno digital– forma parte de la agenda pendiente de la ONDA, el INDOTEL y el DICAT, de cara a retirar o inhabilitar el acceso a material infractor que resida en los sistemas o redes de proveedores en línea y bloquear el acceso a sitios específicos, incluso a través de medidas cautelares”.
Con la piratería de señales se deja de percibir regalías, se genera competencia desleal, al ofrecerse un servicio a precios inferiores a los de un mercado legal; se desalienta la inversión en nuevas tecnologías y contratos de licenciamiento y se favorece el mercado de la ilegalidad, último que se ve estimulado también por la venta ilegal de sistemas de decodificación.
“Solo una permanente actuación coordinada por la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA), el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía Nacional, el sometimiento de los infractores y la sanción administrativa, civil y penal de los distintos ilícitos previstos en materia de retransmisión de señales de radiodifusión televisiva por las leyes 65-00 de Derecho de Autor, 153-98 de Telecomunicaciones y 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología reducirán la amenaza que supone la piratería”.
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