Por JULIÁN HERRERA Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Con un salario de solo 35 mil pesos mensuales que devengaba en 2011, como Encargado de la Unidad de Detenidos y Deportados en la Dirección General de Migración (DGM), en el Aeropuerto Internacional de las Américas, el mayor general Adán Cáceres Silvestre logró, ocho años despues, convertirse en un "próspero empresario" en los negocios inmobiliarios, avícolas y agropecuarios.
En 2011, el ahora mayor general del Ejército, exhibía el rango de coronel y formaba parte del equipo de oficiales que acompañó el vicealmirante Sigfrido Pared Pérez en la Dirección General de Migración (209-2011); desde donde ascendió a la seguridad del entonces presidente electo Danilo Medina y posteriormente a dirigir el Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República (2012-2020), devengando un sueldo de 200.000 pesos mensuales.
Durante ocho años, al lado del presidente Medina (2012-2020), el general Cáceres Silvestre tuvo control de muchas de las instituciones y entidades de las Fuerzas Armadas, donde decidía sobre nombramientos y designaciones, sobre todo en los puestos que disponían de la administración de grandes presupuestos.
Al influyente militar y hombre de confianza del exmandatario se le atribuye, según una investigación periodística de Nuria Piera y otras fuentes, bienes muebles e inmuebles por miles de millones de pesos, y tiene entre sus asociados o personas de confianza a la pastora evangélica Rossy Maybelline Guzmán Sánchez. Entre los bienes del patrimonio del militar y la líder evangélica aparecen empresas, fundaciones, cooperativas y asociaciones campesinas.
Entre las empresas y propiedades atribuidas al exdirector del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia, figuran nueve solares en Colina del Este, valorados de RD$ 40 millones, Una empresa avícola en la provincia Monte Plata; una granja porcina supuestamente ampara bajo la sombrilla de la Asociación Campesina Madre Tierra; una fundación sin fines de lucro destina a desarrollar proyectos agropecuarios y gestionar financiamientos, así como varias empresas de bienes raíces y de construcción entre otras.
Dineros y propiedades que ahora serán investigados por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para determinar si están vinculados en operaciones de corrupción u otros ilícitos penales.
Con la “aprobación” del entonces presidente Danilo Medina, Cáceres Silvestre controló casi todos los estamentos de las Fuerzas Armadas, y en consecuencia sus presupuestos.
Decidía, además, de nombramientos en la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Policía Nacional, Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), así como de los cuerpos especializados y otras entidades del Ministerio de Defensa, y de las tres instituciones militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea).
También controlaba a través de sus designados, dos de los tres organismos de inteligencia de la Fuerzas Armadas, como también varias direcciones de la Policía Nacional, según pudieron confirmar periodistas de acento en fuentes militares.
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa, puso fin a esta práctica, en la cual parte del presupuesto de las instituciones castrenses iban a parar a los bolsillos de funcionarios militares del Palacio Nacional.
Dependencia del Ministerio de Defensa como las Escuelas Vocacionales, los Talleres Tecnológicos, los Cuerpos Especializados, el Instituto de Seguridad Social de los militares; Dirección de Inteligencia (J-2) y otras, tenían que permitir que parte de sus asignaciones presupuestarias fueran controladas de manera discrecional por el más alto oficial al dado del saliente presidente Medina.
Militares consultados consideran que parte importante de la fortuna del general Cáceres Silvestre proviene de los presupuestos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y de la Dirección Nacional de Control de Drogas, principalmente.
La pasada semana, el dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Guido Gómez Mazara, depositó en la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa un expediente sobre presuntos hechos de corrupción supuestamente cometidos por el general Cáceres Silvestre durante sus ocho años como director del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia.
Conforme al expediente depositado, el abogado y político el expediente contiene todas las operaciones financieras de las empresas y asociaciones a nombre de la pastora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez, pero vinculadas al mayor general en cuestión.
