Santo Domingo, RD.
La Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT) pidió este domingo a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la imposición de medida de coerción contra el sargento de la Policía Nacional, Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis), a quien definió como “promotor” de la red de trata de personas desmantelada con la operación Cattleya.
A través de una pequeña nota de prensa la Procuraduría General de la República, pidió la fusión de la medida con la de los demás imputados, por lo que suman 17 las personas involucradas en este caso.
El órgano persecutor del crimen solicita que se declare complejo el proceso seguido en contra de los imputados José Miguel Michel Guridis (Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu (Daniel), José Alberto Soriano Rosario (Cirujano), Oscar Wicene y Melvin José Valentín Peguero.
También, contra Cristina Virginia González Hernández, María Paula Murillo Vargas, Louis Marie Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, Angélica Jhoana Quintero Niño, Marie Fokina Achille (Fior, Flor o Flores), Alejandro Arturo Batista Bustamante (el Gato), Ramón Altagracia Oviedo Castillo, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos) y Braulio Manuel Lugo.
También solicita la clausura temporal de las razones sociales Hotel Caribe, Residencial Coco Real y Hotel Oscar Inn, por su participación en los tipos penales sancionados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la “Asociación de Malhechores”, los artículos 1, 3 y 7, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, los cuales tipifican “La Trata de Personas Agravada, por tratarse de crimen organizado, trasnacional, así como pluralidad de víctima”.
La red transnacional se dedicaba a la trata de personas con el fin de explotarlas sexualmente. Con esta operación fueron rescatadas más de 80 mujeres, en su mayoría de Venezuela y Colombia.
Las víctimas eran sometidas a explotación sexual, al ofertarlas por distintas tarifas para provecho económico de la organización criminal. Los imputados cobraban directamente el dinero por las mujeres que explotaban sexualmente y a las que generaban una deuda interminable por traslado a República Dominicana, así como por hospedaje y alimentación diario de las mismas.
Eran obligadas e inducidas por miembros de esta estructura criminal a consumir sustancias controladas por las que sumaban un costo a la deuda que eran obligadas a pagar con la promesa de dejarlas en libertad, detalla la instancia.
Una vez las víctimas se encontraban bajo control y dominio de esta estructura criminal, siendo acogidas en el residencial Coco Real ubicado en Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia, y en el Hotel Caribe localizable en Santo Domingo, eran tratadas, y a tales efectos, eran ofrecidas y entregadas a clientes que demandaban placeres sexuales.
