Insistimos en que la norma 03-2013 de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) será un duro golpe para la clase media, y especialmente para la media baja que posee un cacharrito. Sabemos muy bien que la DGII sólo está cumpliendo con un mandato legal, pero el cobro de un nuevo gravamen después que se asimilaron los dispuestos a principios de año irrita a ese segmento poblacional, que se ha acogido mansamente a todo lo establecido en la reforma.
Este nuevo ajuste es excesivo. Ya se ha advertido que vendrá a juntarse con el pago de la inscripción del nuevo año escolar y los costos que entraña manejar un carro viejo para los que menos pueden. Pero el propósito es la recaudación y ya se tiene previsto lo que espera la Administración.
Mientras, se nos ocurre que la DGII podría ser generosa en la evaluación del vehículo en atención al criterio de depreciación rápida que caracteriza a ese tipo de aparatos, y consecuentemente relacionarlo con el valor típicamente utilitario que debería ser determinado.
Pero la DGII parece que está convencida de que actúa con equidad repartiendo los plazos para el pago del gravamen en varias cuotas, pero eso no resuelve el problema. Es que la población está siendo recargada con imposiciones difíciles de llevar.
Las anteriores han sido aceptadas, primero a chercha, cuando gravaron las tripitas y todos los entresijos, posteriormente, cuando el peso de los impuestos arrancó en enero. Todo muy bien.
Advertimos que este pago de placas es un impuesto a la propiedad de los vehículos, claramente excesivo, con múltiples ejemplos que la autoridad tributaria no ha podido desmentir. Y siendo así, puede generar resistencia social, toda vez que afecta y unifica en el repudio a muchas personas.
Conviene que el asunto sea revisado y manejado desde una perspectiva de política pública.
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