Santo Domingo.-La Comisión Especial de diputados que estudió el conflicto interno de la Junta Central Electoral determinó ayer que los miembros titulares de ese organismo no cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones, por lo que no procede un juicio político.
El enfrentamiento entre los funcionarios surgió por la denuncia que hizo José Ángel Aquino sobre la supuesta no entrega de 22,673 de actas de nacimiento y otros documentos a ciudadanos hijos de inmigrantes haitianos.
Los legisladores sancionaron el informe con 124 votos a favor y siete en contra.
El informe presentado por la comisión que encabezó el diputado peledeísta Henry Merán establece que los titulares de la JCE han cometido imprudencias e inobservancias en la conducción y manejo de los temas investigados, “lo cual constituye un precedente a tomar en cuenta por la Cámara Baja, y que de repetirse dichas imprudencias el Congreso hará uso de sus perrogativas establecidas en la Constitución”.
